Para pedir protección internacional en España, hay que llamar “a sus puertas”, según dice Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, sus palabras chocan estrepitosamente contra la realidad. “En la práctica es imposible”, dicen testimonios y expertas.
El Defensor del Pueblo ha vuelto a cuestionar la versión de Marlaska sobre la tragedia de Melilla. Considera que las imágenes oficiales, a las que ha accedido, evidencian que la Guardia Civil tenía conocimiento de la “situación de riesgo” en la que se encontraban los migrantes.
El Ministerio de Interior ha ido encadenando una mentira con otra, ocultando pruebas, negándose a llevar a cabo una comisión de investigación sobre Melilla. La actitud de Marlaska y su equipo ha sido tan extremadamente exagerada que sólo cabe suponer que tienen algo tremendo que ocultar.
El ministro de Interior Grande-Marlaska está cada vez más aislado, con el rechazo unánime de los socios parlamentarios y solo apoyado por la ultraderecha y los socialistas, especialmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue sosteniéndole en su cargo.
El Defensor del Pueblo ha reconocido que le preocupa lo ocurrido con los fallecidos en el salto a la valla “no sabemos ni el número que hay”, lamentó, y también la ausencia de autopsias y del reconocimiento de las causas del fallecimiento de los migrantes.
Tres meses después de la muerte de decenas de personas migrantes en Melilla, Marlaska ha comparecido en el Congreso para dar una explicación oficial. En su discurso ha culpabilizado a las personas refugiadas de “violentas”, ha defendido la actuación policial y ha evitado cualquier reproche a Marruecos.
La reforma al reglamento la Ley de Extranjería crea una nueva figura de arraigo vinculado a la formación en sectores con necesidad de personal cualificado. Interior no quiere que esa vía se convierta en una forma para regularizar a inmigrantes.
El joven ha temido durante todo este tiempo que el grupo criminal vinculado a una red del tráfico de órganos que lo secuestró y torturó durante días en su país volviera a encontrarlo cuando fue deportado por el Ministerio del Interior.
Consideran que España conocía el riesgo que existía al deportar a Mohamed Benhalima a su país y que, aún así, han primado las relaciones bilaterales con Argelia. Señalan como responsable último al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El juez describe que la víctima “ha podido ser objeto de tratos inhumanos, torturas” en Argelia, según su propio testimonio y en virtud de informes médicos y de un reportaje fotográfico. Esto “supondría una verdadera razón de protección internacional”