“En Argelia, nuestras manos están atadas, pero lo que sí podemos intentar es que España sea condenada por haberse saltado a la torera tantos convenios y derechos humanos”, asegura Alejandro Gámez, uno de los abogados españoles de Mohamed Benhalima.
Actualmente, el equipo de juristas tiene abiertas tres vías judiciales para pedir responsabilidades al Gobierno “por la mala praxis del Ministerio del Interior” ante la devolución del activista argelino a su país. Dos de ellas contra la denegación de la solicitud de asilo y contra la resolución que acordaba su expulsión. La tercera es recurrir ante el Comité de Torturas de Naciones Unidas.
Además, los abogados estudian presentar una denuncia contra la Policía española por prevaricación y obstrucción a la asistencia letrada. Consideran que España conocía el riesgo que existía al deportar a Mohamed Benhalima a su país y que, aún así, han primado las relaciones bilaterales con Argelia. Señalan como responsable último al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Amnistía Internacional ha mostrado su consternación al conocer que Mohamed Benhalima ha sido condenado a muerte y considera que “el gobierno español debe presionar para que se anule la pena”.
FUENTE: elespanol.com
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