El Ministerio del Interior expulsó el pasado 24 de marzo a Argelia, en el mismo avión que repatriaba al exmilitar Mohamed Benhalima, a otro argelino que denunció torturas en su país de origen y había solicitado asilo, a pesar de que la Audiencia Nacional había ordenado parar de forma provisional su repatriación mientras decidía sobre un recurso de su abogada.
El procedimiento se llevó a cabo después de que el director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València alegara un «error de interpretación». Fuentes del Ministerio del Interior se han limitado a señalar que en todos los procedimientos sobre protección internacional se atienden de forma individualizada y con respeto a las garantías procesales.
Sin embargo el magistrado Francisco Gerardo Martínez cuestiona que se materializara la repatriación del argelino a pesar de que la propia Audiencia Nacional había manifestado, «en términos tan unívocos que no precisan sino una somera lectura», que la expulsión había de paralizarse.
El magistrado describe en el auto que, «al menos de modo indiciario», el recurrente «ha podido ser objeto de tratos inhumanos, torturas» en Argelia, según su propio testimonio y en virtud de informes médicos y de un reportaje fotográfico. Esto «supondría una verdadera razón de protección internacional”
Organizaciones sociales como CIES No ha pedido a la Policía el cese del director del CIE de Zapadores, al que consideran máximo responsable de haber incumplido un auto de la Audiencia Nacional y de las posibles consecuencias que tenga para la víctima la deportación.
FUENTE: Público.es
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