El Tribunal Supremo de España acaba de emitir sendos fallos declarando ilegales las devoluciones de menores migrantes desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia Marruecos en agosto de 2021.
Las polémicas deportaciones tuvieron lugar en el contexto de la crisis humanitaria que se vivió en la zona meses antes, en mayo de 2021. En aquel entonces más de 12.000 personas cruzaron la frontera buscando refugio, incluyendo cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes no acompañados.
Las controvertidas repatriaciones exprés se realizaron sin las garantías que fija la ley española para la protección de menores migrantes, según el dictamen del Supremo.
En este complejo contexto, en agosto de 2021 se produjo las deportaciones exprés de menores de edad desde Ceuta hacia territorio marroquí. Un polémico procedimiento que acaba de dictaminarse como ilegal por parte del Tribunal Supremo español.
Primera sentencia: «Absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería en devolución de niños, niñas y adolescentes
En una primera sentencia, los magistrados del alto tribunal consideran que las controvertidas devoluciones de menores migrantes se realizaron con «absoluta inobservancia» de la normativa española en materia de extranjería y protección de la infancia y adolescencia. Asimismo, se habría vulnerado la prohibición de expulsiones colectivas que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En concreto, la sentencia señala que no se siguieron en absoluto los procedimientos y garantías que fija la legislación para los casos de repatriación de ocho menores no acompañados.
Entre varias anomalías, no se abrió el preceptivo expediente administrativo individual para cada caso, no se recabó información sobre sus circunstancias, no se les dio audiencia ni representación, y tampoco intervino la Fiscalía de Menores como dicta la ley.
El Supremo declara ilegales las devoluciones de menores migrantes por segunda vez
Cuatro días después de la primera sentencia, el Alto Tribunal consideró nulos los procedimientos para expulsar a 12 menores no acompañados, al no garantizárseles sus derechos ni el principio de interés superior del menor.
Esta sentencia refuerza el fallo anterior que ya declaraba ilegales 8 expulsiones previas en las mismas circunstancias, constatando la irregularidad con la que se actuó contra estos niños y adolescentes desamparados.
Según denuncian las organizaciones sociales Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, ningún menor fue debidamente identificado, informado o asistido antes de su entrega a Marruecos. Es decir, se vulneró de forma flagrante la legislación española y los compromisos internacionales sobre protección de la infancia y el derecho de asilo.
Impactantes testimonios de los propios niños expulsados revelan que fueron engañados y llevados contra su voluntad a la frontera ceutí, creyendo que serían trasladados a otro centro de acogida.
Por su parte, las organizaciones sociales reclaman que se repare el daño causado facilitando el retorno seguro a España de los menores aún varados en Marruecos, así como regularizando la situación de los que ya han conseguido volver por sus propios medios.
Marlaska se atrinchera e insiste en justificar lo injustificable: las deportaciones ilegales de menores migrantes
El Ministerio del Interior y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta habían esgrimido un acuerdo bilateral con Marruecos de 2007 para amparar la legalidad de estas deportaciones. Sin embargo, el Supremo subraya que dicho convenio no releva a España de cumplir con sus propias leyes nacionales para garantizar los derechos de los menores migrantes.
Pese a los varapalos judiciales, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska sigue insistiendo que las autoridades implicadas en la crisis ceutí actuaron en todo momento convencidas de la legalidad del procedimiento, apelando siempre al «interés superior del menor». Una postura que contrasta con los severos argumentos esgrimidos por el Supremo, pero que es secundada por el Gobierno de la ciudad autónoma.
No obstante, resulta cuando menos paradójico que la propia directora de Menores de Ceuta advirtiera expresamente sobre la ilegalidad del mecanismo de devolución pocos días antes de que se materializara la devoluciones de los menores migrantes. Sus reparos fueron finalmente desatendidos.
Denuncia de violación de derechos humanos y garantías legales de menores migrantes por el Ministerio del Interior
Los fallos del Supremo pone en evidencia la violación de los derechos humanos y garantías que recoge la legislación española y los convenios internacionales ratificados por España, en lo que respecta al procedimiento de devolución de menores migrantes llevado a cabo por el Ministerio del Interior desde Ceuta en agosto de 2021.
Se vulnera el principio del «interés superior del niño» y su derecho a que se evalúen sus circunstancias particulares antes de cualquier decisión que les afecte o pueda ponerles en una situación de riesgo, cosa que no ocurrió en este caso.
Asimismo, hubo una clara falta al debido proceso y derecho de representación y audiencia que asiste a cualquier menor antes de ser deportado. También se infringió la prohibición de expulsiones colectivas, realizándose el retorno de manera apresurada en grupo y sin las garantías individuales.
Cuestionamientos a la gestión migratoria del ministro Fernando Grande-Marlaska
La actuación del Ministerio del Interior en el caso de las devoluciones de menores migrantes es abiertamente cuestionable a la luz de los contundentes fallos del Supremo. Si bien el ministro Marlaska sostiene que se procedió pensando en la legalidad y en proteger el interés de los niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que se ignoraron las advertencias previas sobre la irregularidad del mecanismo.
Cabe preguntarse entonces, ¿hasta qué punto esta deportación exprés respondió a un genuino interés por los derechos de la infancia migrante? ¿O fue una medida apresurada e improvisada para gestionar la frontera tras la crisis?
El hecho de que no se evaluaran las circunstancias y riesgos individuales siembra serias dudas sobre las prioridades que guían las decisiones en materia migratoria del Gobierno español.
La protección de la infancia migrante en entredicho tras varapalo judicial al Gobierno
Ambos fallos del Supremo abren serios cuestionamientos sobre el real compromiso del Gobierno español, y en particular del Ministerio del Interior, con los derechos humanos y la protección de los menores de edad en contexto de migración y refugio.
El Supremo abre serios cuestionamientos sobre el real compromiso del Gobierno español, y en particular del Ministerio del Interior, con los derechos humanos y la protección de los menores de edad en contexto de migración y refugio.
Pero no solo eso: estas sentencias deben marcar un punto de inflexión. Se necesita una investigación a fondo y total transparencia de lo sucedido, así como la asunción de responsabilidades políticas por parte de los responsables implicados. Y si se constata la comisión de algún delito, también deberán responder ante la justicia.
Solo así se podrá restablecer la confianza en que los derechos e interés superior de la niñez y adolescencia migrante prevalecerán por sobre cualquier otra consideración en las decisiones gubernamentales en materia de infancia y migración.
Fuentes:
- https://www.publico.es/
- https://www.elidealgallego.com/
- https://elpais.com/
- https://www.eldiario.es/
- https://www.publico.es/
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