El empadronamiento es un derecho y una obligación que debe llevarse a cabo de manera legal y transparente, ya que cualquier tipo de fraude en este proceso puede tener graves consecuencias para las personas migrantes y la sociedad en su conjunto.

Hoy recordamos a Julián, originario de Rumanía, fallecido en un incendio al ayudar a una mujer mayor a escapar de las llamas en la Cañada Real. Esta tragedia vuelve a poner de manifiesto la necesidad de soluciones viables para miles de vecinos que viven en condiciones precarias en la Cañada Real.

La Policía Nacional de Burgos ha desmantelado una red criminal dedicada a la trata de personas y la prostitución. La banda captaba mujeres en Colombia prometiéndoles trabajo en el sector servicios, para después obligarlas a prostituirse en varios pisos de la capital española.

La entidad SOS Racismo ha intervenido en más de 300 situaciones de racismo durante 2022 en Cataluña, la mayoría de las cuales implican abusos policiales. El aumento más alarmante de casos se ha producido en el ámbito educativo, donde la escuela a menudo es el agente discriminador o la que reproduce la discriminación.

La comunidad evangélica se desmarca de la actuación de una pastora en un acto preelectoral del Partido Popular. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) recuerda su política de neutralidad frente a cualquier iniciativa política.

El trato discriminatorio hacia migrantes sigue siendo un problema en España, y Gabriela y su hija lo han sufrido en carne propia. Gabriela cuenta que ha sido golpeada por su jefa en el trabajo, quien la trató como si fuera una prostituta y la amenazó con acusarla de robo si intentaba dejar su puesto.

El Partido Popular (PP), que inicialmente se había presentado como un partido “moderado”, ha comenzado una estrategia para intentar captar al voto hispano en la Comunidad de Madrid. Para ello, ha buscado el apoyo de pastores ultraconservadores evangélicos, siguiendo la misma línea peligrosa del expresidente brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros al conductor de la empresa pública de autobuses de la capital catalana, que protagonizó una agresión racista a una madre y sus hijos