Los trabajadores migrantes cobraban unos 600 euros mensuales y asumían este maltrato porque necesitaban el dinero para mandarlo a sus familias en Colombia y Marruecos mientras ellos se deslomaban en Roales Valladolid.
Podrían estar explotando a alrededor de 70 trabajadores migrantes en Murcia. La organización se aprovechaba de la difícil situación laboral y personal de sus víctimas, todas en situación irregular, para explotarles laboralmente.
Falleció nada más ingresar en Urgencias, después de que su jefe lo trasladara en una furgoneta al centro hospitalario y se marchara sin facilitar sus datos. Trabajaba para una empresa de reformas y no tenía contrato.
La nueva norma suprime el límite de titulares por vivienda que pueden recibir el IMV, permitiendo que personas sin hogar que duermen en centros temporales perciban la ayuda, así como quienes se encuentran en situación vulnerable y comparten vivienda.
Se les exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros mientras se les mantenía hacinados en viviendas, con trabajos sin sueldo y se les maltrataba con sopletes o cuchillos si no seguían las órdenes para evitar ser detectados.
El Ministerio Fiscal «no volvió a comparecer en ninguna de las múltiples diligencias procesales, no informó sobre las múltiples solicitudes de protección de las víctimas y no ha realizado ni la menor de las intervenciones previstas para el acusador público».
Las víctimas acudían a España con la promesa de un trabajo digno, pero los miembros de la red aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones de explotación laboral.
Pese a los problemas que se visibilizaron, en 2020 no ha habido grandes avances para las personas migrantes. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) dejó fuera a las personas migrantes en situación irregular en España, unas 600.000.
La falta de regulación que exija a los empresarios ofrecer alojamiento para sus trabajadores provoca que cada año miles de personas migrantes tengan que dormir a la intemperie en una provincia que alcanza temperaturas mínimas bajo cero.
Este año, de 18 albergues disponibles, solo 13 están abiertos. La reducción del aforo a un tercio hace que sólo haya 300 plazas disponibles de las 656 del año pasado. La Junta no ha previsto habilitar espacios alternativos y los temporeros se ven forzados a dormir en la calle.
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