RACISMO INSTITUCIONAL. Administraciones locales hostigan sistemáticamente a trabajadores migrantes en los asentamientos

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Demoliciones de chabolas sin alternativa habitacional, prohibición de reconstruir después de un incendio y negativa a empadronar en los asentamientos son algunas de las prácticas habituales de algunos consistorios onubenses hacia trabajadores migrantes temporeras que habitan en sus municipios.

El asentamiento de Baldifresa, situado junto al Polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera, ha sido pacto de las llamas en varias ocasiones. El penúltimo se produjo hace dos meses arrasando unas cien chabolas. “Me encontré con un escenario desolador, parte del asentamiento arrasado, con restos de las chabolas calcinadas y mucha basura”, cuenta Daniel Navas, concejal de Unidas Podemos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

Navas explica que la gente dormía debajo de los árboles: “Había cuatro mujeres que tenían una pequeña tienda de campaña donde se turnaban durante la noche, dos dormían dentro de la tienda, mientras las otras dos lo hacían en unas viejas butacas envueltas por nubes de mosquitos”.

El concejal observó la presencia de una patrulla de la policía local en el asentamiento, que impedía reconstruir las chabolas desaparecidas en el incendio, y la desesperación de la gente sin solución alguna.

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Sin otra alternativa habitacional, en estas situaciones de drama humanitario, la ausencia de ayuda de emergencia de las administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, resulta significativa.

La situación del asentamiento de Palos de la Frontera se repite en los 31 asentamientos chabolistas repartidos en los términos municipales de Lucena del Puerto, Moguer y Lepe en la provincia de Huelva.

A la ausencia de alojamientos, los consistorios han respondido con la prohibición de reconstruir las chabolas calcinadas.

Un acuerdo de 5 millones de euros sin alternativas habitacionales

A pesar de que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Lepe y Moguer firmaron un Protocolo para la Erradicación de los Asentamientos con un presupuesto inicial de 5 millones de euros la realidad es que, hasta la fecha, existe una cifra no oficial de unas 5000 personas viviendo en los asentamientos, en la época alta de la campaña agrícola que va de febrero a junio.

Y por si no fueran pocas las dificultades que sufren estas personas trabajadoras, los municipios freseros practican las demoliciones de chabolas desde hace años. Los ayuntamientos aprovechan los meses de verano, cuando las temporeras se desplazan a otras campañas agrícolas de la geografía española, para eliminar sus chabolas, llevándose por delante todas sus pertenencias.

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Las consecuencias de estas prácticas, unidas a la destrucción provocada por los continuos fuegos y la prohibición de reconstrucción, sin ninguna alternativa viable, no se ha hecho esperar. El hacinamiento de los habitantes en las infraviviendas restantes y el aluvión de temporeros en Lepe durmiendo en las calles son las consecuencias de esta falta de alojamientos.

Dificultades para lograr el empadronamiento

Cuentan las vecinas que, ante la negativa de los ayuntamientos a empadronar, la única salida es pagar por ello. Se refieren a conseguir una dirección de una vivienda a cambio de una cantidad que puede llegar a los 700 euros.

El empadronamiento es la puerta de entrada para conseguir los derechos que los reconocen como ciudadanas y ciudadanos, como explica Dolores Pérez de la Asociación Multicultural de Mazagón: “Sirve para empezar a tramitar su proceso de regularización y residencia, ya de por sí un procedimiento extremadamente complejo y lento y que los hace muy vulnerables a la explotación laboral mientras lo consiguen”.

La realidad es que, hasta la fecha, solo hay una persona empadronada, con la ayuda de las asociaciones, en los asentamientos de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer.

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El problema es que los alcaldes no pierden votos con sus actuaciones, al contrario, ganan por mostrar la más absoluta indiferencia y frialdad ante los habitantes de los asentamientos: “Es una triste realidad, pero una realidad constatada. A la hora de la verdad, la riqueza que generan estos trabajadores no cambia porque, con casa digna o sin ella, con papeles o sin papeles, sacan adelante las producciones agrícolas y la maquinaria sigue funcionando”, opina Perico Echevarría, director de la revista La Mar de Onuba Echevarría.

FUENTE:
https://www.elsaltodiario.com/migracion/administraciones-locales-contra-cuerdas-asentamientos-migrantes


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