Los trabajadores migrantes son cada vez más imprescindibles para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Almería. A pesar de la crisis del ladrillo, la estadística de afiliados a la Seguridad Social no ha dejado de crecer desde 2015 alcanzando el mayor registro de contratos en febrero de este año con más de 72.500 y una proporción superior al 22% del total de empleos del mercado laboral en Almería.
Para darse una idea, tan sólo la proporción de trabajadores migrantes en Cataluña está por encima de la que presenta Almería con el 24,5% y a continuación estaría Madrid con el 20,2% del total de los ocupados.
En enero del año 2000 había 12.452 trabajadores migrantes y representaban una cuota de actividad de apenas un 6,5%. Dos décadas después han quintuplicado la cifra de contratos y en algunos sectores juegan un papel determinante como en la agricultura. De hecho, este sector es todo un ejemplo de recepción de inmigrantes y de su integración laboral con un 65% de los trabajadores de hasta 140 países en el régimen especial agrario en la última campaña, un volumen que cuadriplica la media regional y casi triplica la estatal.
En cuanto al origen de los trabajadores, 15.293 proceden de la Unión Europea y 49.979 del resto de países. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contabilizó más de 126.000 contratos a trabajadores extranjeros en 2021. El número de afiliados extranjeros en España al cierre de septiembre fue de 2,4 millones de trabajadores migrantes cotizantes a la Seguridad Social, 19.791 más que en el mes anterior y un incremento de 250.000 antes del impacto de la pandemia en febrero de 2020.
Mejoras en la migración regular pero aún falta por mejorar
La reforma del reglamento de Extranjería en vigor desde este verano incluye medidas de refuerzo de la migración regular incorporando tres grandes novedades. En primer lugar, una racionalización de los requisitos exigidos para los trabajadores autónomos procedentes de terceros países; en segundo lugar, una mejora de los trámites de contratación en origen y una reducción de plazos. La normativa también mejora el modelo de migración circular, dotando de mayor estabilidad a trabajadores y empresas y reduciendo las cargas administrativas.
Con todo, aún falta la regularización de unas 500 mil personas migrantes que a día de hoy no tienen papeles, lo cual repercute en abusos y condiciones de trabajo y salarios que frecuentemente rayan en la explotación laboral por parte de empresarios, así como la inexistencia de contratos ni su consiguiente alta en a la Seguridad Social.