En un operativo policial que destapa la cruda realidad detrás de la explotación laboral a personas migrantes, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en la zona de la ribera del Ebro. La red, conformada por al menos 70 personas, se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, específicamente afectando a migrantes senegaleses en su mayoría.
La operación, bautizada como “Oslo”, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza en colaboración con otras unidades, ha resultado en la detención de 43 personas y el ingreso en prisión provisional de los dos presuntos cabecillas.
La investigación, que se extendió durante nueve meses, revela una red perfectamente estructurada y compleja que operaba en el reclutamiento, traslado y explotación de trabajadores migrantes en condiciones de semiesclavitud. La mayoría de estas personas eran senegaleses, captados tanto en su país de origen como en España, con la promesa de empleos agrícolas.
El “modus operandi” de la red implicaba condiciones laborales abusivas, jornadas de hasta diez horas diarias y un salario de siete euros por hora, sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Además, los migrantes eran alojados en condiciones deplorables en viviendas propiedad del líder de la organización.
La trama no solo involucraba a la organización criminal sino también los agentes lograron identificar la participación de hasta quince empresarios agrícolas. Estos empresarios se aprovechaban de la mano de obra irregular proporcionada por el líder de la organización para llevar a cabo tareas en sus propias explotaciones agrícolas.
Al emplear a estos trabajadores sin contrato y sin registro en la seguridad social, los empresarios obtenían beneficios económicos, contribuyendo así a la creación de una estructura sólida que demandaba consistentemente mano de obra fraudulenta. Esta situación los vinculaba directamente con la organización criminal.
Se realizaron cinco registros en domicilios ubicados en Ribaforada (Navarra) y Alfaro (La Rioja), confiscando documentación relacionada con contrataciones laborales fraudulentas, tarjetas de identificación de extranjeros para suplantaciones, vehículos utilizados para el transporte de trabajadores y una suma de 6.000 euros en efectivo. Simultáneamente, se llevaron a cabo inspecciones policiales en los campos de la ribera del Ebro en Navarra y Zaragoza, junto con las respectivas revisiones provinciales de trabajo.
Esta desarticulación es un paso importante en la lucha contra la explotación laboral y a favor de los derechos de los trabajadores migrantes. Sin embargo, destaca la necesidad continua de abordar estos problemas y proteger a aquellos en situaciones vulnerables.
Fuentes:
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