El sindicato de Vox ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que modifica la ley de extranjería justificándolo con su repetitivo discurso de que “es un nuevo efecto llamada a la inmigración ilegal”.
En declaraciones a Europa Press, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha intentado explicar la ocurrencia con el rocambolesco argumento de que facilitar que las personas migrantes regularicen su situación administrativa “perjudica a los trabajadores que tras mucho esfuerzo han conseguido su permiso de residencia en España”.
La ultraderecha ha vuelto a criminalizar a las organizaciones sociales, acusándolas de “mafias” que “trafican” con seres humanos: “Las mafias probablemente estén frotándose las manos porque con esto tienen herramientas para ese trafico de seres humanos que es a lo que se dedican algunas mafias y ONGs”, aunque no presentó ninguna sola prueba de semejante acusación de esos supuestos delitos.
La extrema derecha también arremetió contra los sindicatos de trabajadores UGT y CCOO, al considerarles “cómplices de esta modificación” que, a su juicio, “pretende legalizar a los que entran ilegalmente”. “Esto destruirá la identidad y las conquistas sociales y laborales de Europa”, afirman.
A la ultraderecha xenófoba no le interesan los derechos de los trabajadores
Sin embargo, el supuesto sindicato de la ultraderecha no mencionó ni una sola palabra sobre el hecho de que la falta de acceso a los papeles es precisamente uno de los motivos principales por los que hay situaciones de explotación, abuso y pisoteo de los derechos de los trabajadores migrantes, como son los temporeros o trabajadoras del hogar, entre muchas otras, a quienes mantienen en condiciones laborales precarias tal como venimos denunciando continuamente en Poder Migrante.
Lo cierto es que a la ultraderecha xenófoba jamás le ha interesado defender los derechos ni las conquistas sociales ni laborales de los trabajadores sean migrantes o autóctonos, como bien ha quedado demostrado en sus continuas votaciones contra las leyes que avanzan en tales derechos en el Congreso.