La llegada de menores migrantes no acompañados a las costas canarias en los últimos años ha aupado a primer plano el drama de su desprotección institucional. Ante la imposibilidad de articular recursos propios, el Gobierno canario ha venido improvisando un sistema de acogida gestionado por terceros.
Una de estas entidades fue la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, a la que se le adjudicaron millonarios contratos públicos para hacerse cargo de la tutela y cuidado de cientos de niños y adolescentes desde que comenzó a prestar servicios al Gobierno canario en 2020, haciéndose rápidamente con la gestión de varios centros de acogida mediante adjudicaciones de urgencia y sin concurso público. Solo entre junio y diciembre de 2021, esta organización recibió 1,85 millones de euros para gestionar uno de sus centros.
A pesar de la urgencia, ya entonces surgieron las primeras voces de alarma ante las deficientes condiciones de algunos de sus centros y, lejos de mejorar con el tiempo, los problemas no han hecho más que agravarse.
Escándalo de malos tratos y corrupción en la tutela de menores migrantes
Las primeras denuncias surgieron por parte de trabajadores y menores sobre malas praxis y condiciones «deplorables» en sus instalaciones. Un informe técnico ya alertaba en 2021 sobre personal no cualificado y graves carencias en algunos de sus centros.
En los últimos días, la situación ha estallado con la denuncia de 12 menores por presuntos malos tratos y vejaciones, en la que uno de ellos relata incluso un posible abuso sexual en uno de los centros gestionados por esta polémica fundación en Gran Canaria.
El testimonio de los malos tratos ha sido respaldado por pruebas que incluyen un vídeo que muestra una presunta agresión de un educador a un menor, así como fotografías que documentan las heridas sufridas por varios menores. Además, se presenta la denuncia ante la Policía presentada por un joven de 14 años, acogido en el centro, quien describe una violenta agresión por parte de dos trabajadores. Según el relato del menor, fue golpeado repetidamente en la cara y el estómago en una habitación cerrada, requiriendo atención médica por las heridas faciales que causaron hemorragia.
Episodios como estos se suman al historial de irregularidades previas y a la investigación abierta contra sus directivos por una presunta malversación de los fondos públicos recibidos. Recursos que, en lugar de beneficiar a los menores, parece haber sido destinado a gastos y dispendios privados de sus directivos.
En la investigación, se revela que María de los Ángeles Barroso, exdirectora de un centro de la Fundación, y antigua secretaria y tesorera de Vox Las Palmas, utilizó la tarjeta de la entidad para gastos no relacionados con la atención a menores, incluyendo 1.500 euros en tratamientos estéticos con botox y más de 1.100 euros en facturas de restaurantes. La Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDEF) también detalla facturas duplicadas de los cuatro investigados, con cargos como hoteles de cuatro estrellas, un exorbitante gasto en gasolina, compra de frutas por más de 100.000 euros al hermano de un director, y numerosos reintegros de efectivo en cajeros automáticos, alcanzando un total de 1.615.631 euros.
Negligencias e inacción institucional: la cruda realidad de los menores migrantes
Otro aspecto bochornoso del caso fue la total inacción institucional. Por ejemplo, cuando un grupo de 23 menores huyó del centro e intentó denunciar los malos tratos en una comisaría, la respuesta policial fue de completa pasividad e inacción. Tal como consta literalmente en la denuncia posterior de los chavales, los agentes «no les creyeron» y ni siquiera les tomaron declaración, impidiendo que pudieran formalizar la acusación.
Los menores, bajo tutela del Gobierno de Canarias, se encuentran en abandono institucional al negarse a regresar al centro donde fueron presuntamente agredidos. Tras presentar la denuncia, el juez Luis Francisco Galván Mesa, según registros del CGPJ, tenía un plazo de 72 horas para diligencias, pero no informó ni a la Fiscalía de Menores ni a la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias, a pesar de la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de los menores.
Esta falta de reacción resulta especialmente grave si consideramos la extrema vulnerabilidad de unos menores migrantes desprotegidos que acudían desesperados en busca de ayuda. Surge la pregunta de si su condición de extranjeros pudo influir en la negativa de atender sus acusaciones.
Esta sucesión de negligencias e inacciones pone en evidencia la absoluta desprotección que sufren los niños y adolescentes migrantes en Canarias. Pese a la magnitud de la crisis y las ingentes cantidades de dinero público invertidas, son víctimas indefensas de un sistema que continúa fallándoles de forma sistemática. ¿Cómo es posible que una entidad que ha recibido millones de euros públicos para velar por sus derechos haya terminado gestando este infierno de vejaciones?
En definitiva, el devastador caso de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI constituye un ejemplo paradigmático del desamparo que atraviesan los niños y adolescentes migrantes a su llegada a nuestras costas. Por mucho que ahora las autoridades hablen de investigaciones y posibles cierres cautelares, lo cierto es que llevan años consintiendo tales desmanes.
Cabe preguntarnos, ¿dónde quedan los controles, fiscalizaciones y supervisiones pertinentes de una fundación que acumula denuncias previas por malversación de fondos públicos? ¿Cómo han podido perpetuarse durante años situaciones de explotación sexual, intimidación o racismo sin una intervención contundente de las autoridades?
Pese a la evidente incapacidad para garantizar unos estándares mínimos dignos en el cuidado de estos menores, se han seguido adjudicando contratos millonarios a entidades de dudosa fiabilidad como esta fundación. Los propios afectados se quejan en su escrito ante el juez de sentirse “desprotegidos” tras comprobar cómo todas las puertas institucionales a las que han llamado se les han cerrado. Desde los responsables de su centro, a la policía y a un juzgado que han tardado en reaccionar, perpetuando su calvario durante días que deben haberse hecho eternos.
No se pueden tolerar más centros de acogida convertidos en centros de vejaciones y maltratos. La protección de estos niños y adolescentes vulnerables debe ser una prioridad sagrada para cualquier sistema que pretenda llamarse civilizado.
Del mismo modo, se requieren mejoras sustanciales en los mecanismos de fiscalización y un seguimiento mucho más estrecho de las condiciones en los centros de acogida. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de estos niños y adolescentes han fallado de forma flagrante. No podemos permitir que estas situaciones se repitan.
Fuentes:
En este artículo:
- Desprotección institucional menores migrantes
- Fundación Respuesta Social Siglo XXI
- Maltrato y abusos en centros de acogida
- Pasividad de las autoridades en Canarias
- Escándalo tutela menores migrantes
- Crisis humanitaria en costas canarias
- Desamparo institucional infancia migrante
- Investigación fiscalía anticorrupción fundación
- Protección derechos menores migrantes
- Reforma sistema tutela infancia migrante
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