Los niños y menores migrantes no acompañados, tutelados por la Generalitat Valenciana, reciben como regalo de cumpleaños la desprotección absoluta al cumplir los 18 años. Y así, en un día, pasan de tener comida y techo a ser un joven sin hogar y sin papeles ya que la Administración no les tramita (en la mayoría de casos) ni el permiso de residencia ni el de trabajo.
En noviembre, el Defensor del Pueblo ya informó a la Fiscalía General de que un gran número de jóvenes extutelados de la Generalitat Valenciana alcanzaba la mayoría de edad sin que se les hubiera tramitado el permiso de residencia.
Dos meses después, el Defensor del Pueblo vuelve a pedir a la Fiscalía General que actúe ante el desamparo de estos jóvenes y «suspende la actuación» con los servicios de protección valencianos «habida cuenta de la cantidad de menores migrantes tutelados por al Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin autorización de residencia y sin documentación identificativa, ya sea pasaporte o cédula de inscripción».
En el escrito, el Defensor reprocha la falta de tramitación de la autorización de residencia, lo que provoca «graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de extutelados para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)».
Además, constata que los plazos que utiliza la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas para instar la residencia de los menores es erróneo, ya que numerosas administraciones -como la Generalitat Valenciana- continúan interpretando que es a partir de los nueve meses de tutela cuando deben realizar la tramitación de la autorización de residencia de los menores migrantes, mientras que el Defensor del Pueblo señala que «la normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor».
PROMESAS INCUMPLIDAS EN LA PROTECCIÓN DE MENORES MIGRANTES
El Botànic puso en marcha una “red de emancipación” para jóvenes extutelados por la Generalitat Valenciana ya que antes de ese momento los recursos a menores migrantes eran cero.
Sin embargo, la oferta no cubre la demanda existente y solo unos pocos elegidos consiguen una de las ansiadas plazas en un piso tutelado cuando cumplen la mayoría de edad. Así, en 2015 había 62 plazas para los 315 migrantes que cumplieron la mayoría de edad. En 2019 hubo 124 para 436. El problema es que salen del sistema de protección sin papeles, sin hogar y sin futuro.
FUENTE: Levante EMV