El Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados viola sus derechos humanos. Su dictamen se refiere a las decisiones de las autoridades españolas sobre jóvenes inmigrantes que, pese a haber comunicado su minoría de edad a su llegada a España, fueron registrados como adultos e internados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Un claro ejemplo de este abuso es el del joven guineano M.B., de 17 años, que llegó a Almería en 2017 quien, aunque comunicó a la Policía Nacional que era menor de edad, fue registrado como adulto de 21 años. A pesar de presentar copia de su certificado de nacimiento que acreditaba su minoría de edad, no se le reconoció esta condición y además se denegó su solicitud de asilo siendo internado en un centro para extranjeros (CIE) con adultos en Madrid.
Como este hay cientos de casos más, de los cuales el organismo adoptó 14 decisiones contra España desde 2019 por violaciones del derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar, ya que en ninguno de estos casos, España realizó un procedimiento correcto de determinación de la edad de estos menores migrantes.
El Comité hace también un llamamiento al Estado español para asegurar que “el mejor interés del niño” se tome como “consideración primordial” en el procedimiento de determinación de la edad.