El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha publicado dos informes relacionados con la integración de la inmigración en España tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo en los que pone de manifiesto la desigualdad en estos ámbitos.
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El informe revela que el perfil de la población migrante afincada en España es muy diferente a la que los mensajes mediáticos y políticos racistas han construido en el imaginario colectivo.
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público.
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de euros para obras y servicios relacionados con el control migratorio. De las 819 empresas de la Industria del Control Migratorio adjudicatarias de estos contratos, un reducido grupo de diez acaparó el 64,8% de todo el dinero adjudicado.
Los ministerios de Defensa, Interior y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son los mejores pagadores de empresas dedicadas al control migratorio.
¿Qué se paga? Drones, detectores de pasos, alambradas con cuchillas, sistemas de reconocimiento facial e incluso software militar para escanear las redes sociales de cualquier migrante. Casi cien millones para repeler a quienes quieren entrar y apenas 11 millones para acoger e integrar a los pocos que logran llegar.
LA SORPRENDENTE REALIDAD DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR EN ESPAÑA
El Informe Europeo de la Islamofobia 2019, que cubre 32 países, revela un crecimiento de los grupos de extrema derecha que atentan contra la población musulmana en el último año, así como la normalización de los discursos islamófobos.
El Informe “Crisis sanitaria COVID19. Racismo y Xenofobia durante el estado de alarma en España” reúne denuncias de violencias ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo.