ANDALUCÍA VUELVE A VINCULAR MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Sindicatos y asociaciones advierten que marca una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica enfocada hacia la seguridad y el control en Andalucía
Sindicatos y asociaciones advierten que marca una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica enfocada hacia la seguridad y el control en Andalucía
Hoy predomina el discurso de reforzar las fronteras de la UE, de potenciar Frontex, y conseguir que terceros países, como es el caso de Turquía, frenen la llegada de migrantes.
Partidos políticos y medios de comunicación repiten que Europa lleva a cabo una política de “puertas abiertas” en las fronteras. Pese a las cifras, se permiten decir que estas personas tienen la entrada libre.
Las políticas agresivas son las que empujan a que las personas migrantes tengan que buscar otras vías y formas desesperadas de cruzar las fronteras.
Las obras se adjudicaron a Tragsa, con un presupuesto de 17 millones de euros. La empresa ha fabricado desde las vallas del hipódromo de la Zarzuela hasta barreras antimisiles en Israel
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público.
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de euros para obras y servicios relacionados con el control migratorio. De las 819 empresas de la Industria del Control Migratorio adjudicatarias de estos contratos, un reducido grupo de diez acaparó el 64,8% de todo el dinero adjudicado.
¿Qué se paga? Drones, detectores de pasos, alambradas con cuchillas, sistemas de reconocimiento facial e incluso software militar para escanear las redes sociales de cualquier migrante. Casi cien millones para repeler a quienes quieren entrar y apenas 11 millones para acoger e integrar a los pocos que logran llegar.