La agitación del odio al migrante impulsa el uso de la tecnología y violencia contra los refugiados. Para 2021-2027 la UE destina 34.900 millones de euros a la gestión de fronteras, mientras deja en un segundo plano la creación de pasajes seguros y procesos de asilo justos.
“Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021”
Pese a que la migración irregular se redujo drásticamente a mínimos desde 2013, la UE inicia un proceso de endurecimiento a países para presionarlos a que se comprometan a recibir migrantes a los que no se les otorga estatus de refugiado.
Enviaban en una noche hasta 20 barcos con potentes motores de Argelia a Almería. También facilitaban trámites de extranjería, apertura de cuentas corrientes, alojamiento, etc.
El relato de una niña de unos 12 años llegada en patera deja helados a los servicios de emergencia en el sur de Gran Canaria: Su hermano, de nueve, falleció solo unas horas, mientras estaban perdidos en el Atlántico.
Más bien todo lo contrario: han de observarse todas “las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España.”
Uno de los principales objetivos del agresivo “plan de choque” es “evitar que nadie salga en patera y cayuco” hacia las islas, para lo que multiplicarán las actuaciones de las fuerzas de seguridad españolas por tierra, mar y aire en los países de origen y tránsito.
“Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad sólo puede sentirse conmocionada al ver la valla”.
Las obras de la valla de Melilla tienen un presupuesto de 17 millones de euros. Sin embargo, son solo una ínfima parte de la Industria del control migratorio y el lucrativo negocio de las deportaciones.
El dinero invertido en el negocio de las deportaciones es hasta ocho veces mayor del que España gasta en acogida e integración de migrantes.
En plena segunda ola de COVID-19, el Gobierno considera estar “en disposición de volver a retomar esta política de retorno” y los CIE volverán a encerrar a personas sin papeles.