Después de los resultados de las elecciones del 28M, el líder de Vox en Valencia, Carlos Flores, ha establecido condiciones para que Carlos Mazón alcance un gobierno regional del Partido Popular (PP) y Vox. Con 13 escaños en las Cortes Valencianas, tres más que en la legislatura anterior, el partido de extrema derecha se ha posicionado como la fuerza impulsora de la coalición de gobierno. Sin embargo, este nuevo escenario político en Valencia tendrá un alto precio, ya que Vox pretende imponer su agenda al Partido Popular.
Carlos Flores, el candidato de Vox en Valencia, tiene un pasado controvertido que incluye una condena por “violencia psicológica habitual” contra su ex esposa. Mazón, quien está negociando una investidura con el líder del partido ultraderechista condenado por violencia de género y con antecedentes de haber sido candidato del partido de extrema derecha Fuerza Nueva en la década de 1980, enfrentará desafíos y críticas por aliarse con Vox.
El programa de Vox incluye la eliminación del requisito lingüístico para los puestos docentes y el acceso a la administración pública, así como la purga de activistas y asesores lingüísticos de las aulas y el refuerzo de las inspecciones educativas.
Vox también tiene como objetivo derogar “todas las leyes de género y de memoria histórica” promulgadas por el gobierno de coalición anterior, incluida la Ley Trans pionera. Consideran que las leyes regionales como la Ley de Vivienda, que incluye medidas contra el acoso inmobiliario, y la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible son “superfluas”.
El programa de Vox en la Comunidad Valenciana aboga por la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y bonificaciones sociales “para mitigar los efectos de la crisis económica y la inflación”, dejando fuera de ellas a las personas migrantes, lo que es una clara discriminación por razones de origen. También eliminarán la asistencia pública que consideran que “genera un efecto llamada para la inmigración ilegal”.
Además, Vox propone una “reducción drástica” de impuestos, el “cierre” de organismos del sector público que consideran “superfluos” y la finalización de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y “todas las entidades separatistas”. En el ámbito cultural, Vox se centra en defender “tradiciones, costumbres e instituciones” frente a lo que perciben como una amenaza de los “falsos países catalanes”.
El cierre de À Punt, la cadena de televisión autonómica valenciana, es otro de los puntos polémicos propuestos por Vox. Consideran que la cadena es un “despilfarro de dinero” y una “máquina de adoctrinamiento separatista”.
Esta coalición entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana refleja lo que ahora será la nueva realidad política en España, donde los partidos de extrema derecha han ganado terreno y se convierten en actores clave en la formación de gobiernos.
Las exigencias de Vox en la Comunidad Valenciana incluyen:
- Eliminar el requisito lingüístico en el acceso a administración pública.
- Desalojar a los asesores lingüísticos de las aulas y reforzar la inspección educativa.
- Derogar todas las leyes de género y de memoria histórica, incluyendo la Ley Trans.
- Derogar las leyes de Vivienda y de Cooperación y Desarrollo Sostenible.
- Establecer criterios de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y bonificaciones sociales.
- Eliminar las ayudas públicas a la población migrante.
- Alargar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes.
- Realizar una rebaja drástica de impuestos y cerrar organismos del sector público instrumental
- Finiquitar subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y entidades que considere “separatistas”.
- Defensa de tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los “falsos países catalanes”.
- Defensa de la caza y la tauromaquia.
- Eliminación de trabas burocráticas y tasas en el turismo.
- Cierre de la cadena autonómica À Punt, por considerarla una “máquina de adoctrinamiento separatista”.
FUENTE: https://www.eldiario.es/