La violación sistemática de los derechos humanos de migrantes en Grecia ha sido descubierta por una investigación conjunta entre el diario EL PAÍS y el medio griego Solomon. El informe revela que más de 20,000 migrantes han sido deportados ilegalmente desde 2017 en operaciones donde los agentes griegos implicados han cometido robos y maltratos.
El robo de teléfonos móviles es especialmente significativo, ya que además de su valor económico, los teléfonos móviles son el único vínculo que los migrantes tienen con sus familias y una prueba física de su presencia en territorio de la Unión Europea. La investigación ha analizado 374 incidentes sucedidos entre 2017 y 2022.
Estos abusos constituyen una violación intolerable de los derechos humanos, las directivas de inmigración y los convenios internacionales en materia de asilo y refugio. El Gobierno de Atenas está obligado a investigar y dar explicaciones de los hechos, así como a adoptar medidas que pongan fin a estos abusos. La complejidad del problema exige una regulación más inteligente y humanitaria de la migración irregular, lo que no puede seguir estando fuera de las prioridades políticas de los líderes europeos.
Es especialmente preocupante que estas deportaciones ilegales de migrantes irregulares y el robo y maltrato que sufren sean una práctica sistemática que contraviene la legislación tanto europea como griega. La detención de los migrantes interceptados no queda registrada ni se les ofrece la posibilidad de pedir asilo. Además, son trasladados a diversas instalaciones, donde son despojados de sus pertenencias antes de ser embarcados en lanchas inflables hacia Turquía. Organizaciones de derechos humanos denuncian que, para los trayectos de vuelta, la policía griega tiene coaccionado a un grupo de migrantes que utiliza como patronos de esas embarcaciones.
El informe también señala que Grecia es uno de los países de la UE que recibe más presión migratoria irregular, que comparte frontera con un vecino, Turquía, que hace de la presión migratoria un arma de negociación política y económica contra Bruselas. Sin embargo, Atenas recibe ayuda de la UE para tratar de afrontar la situación —hasta 700 millones de euros solo en 2020- y , sobre todo, tanto los principios fundacionales de la UE como la misma Constitución griega no toleran el trato vejatorio ni el abuso de poder.
La violación sistemática de los derechos humanos de migrantes en Grecia debe ser denunciada y combatida por todos para impulsar el debate sobre un drama humano persistente y que exige algo más que violencia contra las personas refugiadas.
FUENTE: https://elpais.com/
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