La corrupción, abuso de poder y ensañamiento en las fuerzas de seguridad contra las personas migrantes y refugiadas son un problema grave en Grecia. Según una investigación realizada por El País y el diario griego Solomon, entre 2017 y 2022, los policías griegos robaron más de dos millones de euros a migrantes y refugiados detenidos.
Además de ignorar las demandas de asilo de los migrantes, los policías los retenían en comisarías o centros informales de detención y los deportaban ilegalmente a Turquía. Pero antes de hacerlo, les robaban el dinero y otras pertenencias que llevaban encima. Este modus operandi se ha vuelto sistemático y ha consolidado su práctica en las fuerzas de seguridad griegas.
La investigación de El País y Solomon es el resultado de seis meses de trabajo en los que se entrevistó a más de una docena de fuentes, incluyendo a migrantes víctimas, trabajadores de diversas instituciones relacionadas con el sistema de asilo heleno, miembros en activo y retirados de las fuerzas de seguridad, abogados, expertos y habitantes de la provincia griega de Evros. Además, se analizaron casi 400 incidentes registrados por ONG en terreno sobre las más de 20.000 personas que han sido deportadas ilegalmente desde Grecia a Turquía.
La investigación revela que los robos se han convertido en una práctica sistemática que se ha consolidado desde que comenzaran de forma aislada en 2017 por parte de algunos agentes de las fuerzas de seguridad. Además, entre los testimonios recabados, se han denunciado agresiones, actitud muy violenta e incluso palizas a los migrantes en esta región fronteriza.
La Unión Europea tiene un papel importante en esta situación al permitir que el dinero de los contribuyentes europeos se utilice para financiar políticas y prácticas que violan los derechos humanos. Es necesario que se hagan evaluaciones regulares y rigurosas de los programas y fondos destinados a la gestión de fronteras y la protección de refugiados y migrantes en los Estados miembros de la UE.
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