El Gobierno estudia cambiar la ley para que todas las peticiones de asilo que se registren en Ceuta y Melilla se tramiten en un máximo de 10 días con el objetivo de devolver con rapidez a todos aquellos a los que se les deniegue la protección.
El plan exige una modificación de la ley de asilo y un despliegue de infraestructuras para retener a los solicitantes mientras se estudia su petición, y para que funcione depende de que Marruecos acepte el retorno de todos los rechazados según se deniega su solicitud, la más complicada de las tareas.
Las autoridades argumentan un supuesto “aluvión” de solicitudes en cuanto se abran las fronteras con Marruecos. Sin embargo esto no se corresponde con las cifras reales, puesto que las peticiones de marroquíes, no solo en Ceuta y Melilla, sino en todo el territorio español no superaron en 2021 el 10% de un total de solicitudes tramitadas.
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