MASACRE EN MELILLA. La fiscalía archiva investigación de las muertes al “no apreciar indicios de delitos”

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La fiscal de sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha archivado la investigación iniciada hace seis meses para esclarecer la masacre en Melilla del 24J, tras no haber encontrado responsabilidad en la cartera de Marlaska en la muerte de al menos 23 personas en la frontera terrestre con Marruecos.

Desde la Fiscalía se ha argumentado que es Marruecos quien cuenta con datos oficiales sobre la masacre, a pesar de que no han dejado de revelarse datos que cuestionaban la versión oficial de Fernando Grande-Marlaska.

Ninguna evidencia ha sido suficiente para la fiscalía

No han sido suficientes las evidencias mostradas por el Defensor del Pueblo, las señaladas por parlamentarios y parlamentarias que acudieron a la zona fronteriza, o los vídeos aportados por las amplias investigaciones periodísticas realizadas por varios medios en terreno, o difundidas, con vídeos que habían permanecido inéditos, tanto por la BBC, como la alianza de medios europeos aportó pruebas de al menos una muerte en territorio español. Nada de esto ha servido para que el ministro de Interior cambiara su discurso.

El archivo de la investigación por parte de la Fiscalía exonera así a Fernando Grande-Marlaska, ministro en torno al cual se han articulado transversalmente requerimientos de dimisión, y que sin embargo persiste en su puesto.

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El decreto del ministerio público mantiene la tesis de que los hechos son consecuencia de los sucesos en el lado marroquí de la frontera. Ni homicidio imprudente ni omisión del deber de socorro. La Fiscalía no considera que quienes estuvieron presentes en los hechos en los que se perdieron al menos 23 vidas, hayan cometido ningún de estos delitos.

La Fiscalía exime también así a la Guardia Civil por completo. No ha encontrando problemático el uso de material antidisturbios contra las personas que intentaban cruzar la valla, ni las 470 devoluciones en caliente que se dieron durante los hechos, a los que define como “ataque masivo a una frontera española”, un ataque masivo contra el que se habría empleado, según define el ministerio público una “fuerza mínima imprescindible”.

Desde la Fiscalía se considera que el casi medio millar de devoluciones respetó el marco de la legalidad, pues no constaría evidencia “de que las personas rechazadas en la frontera fueran vulnerables o de especial fragilidad”

Resumen de la versión de la Fiscalía de lo ocurrido en Melilla:

  • “Muerte por asfixia mecánica, coherente con la estampida y el aglutinamiento”
  • Ni el helicóptero ni el dron grabaron el momento de la avalancha y los guardias civiles abandonaron la posición
  • Se cumplió la ley con las 470 devoluciones en caliente o rechazos en frontera
  • Homicidio imprudente: “Los agentes no pudieron evitar las muertes, no fueron conscientes del riesgo”
  • Omisión del deber de socorro: “Ningún agente tuvo conocimiento de la avalancha y sus consecuencias”
  • Los componentes del operativo mantuvieron una conducta proporcionada y emplearon los medios y la fuerza mínima imprescindible
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Organizaciones de derechos humanos claman: “Los hechos en Melilla no pueden quedar impunes”

Organizaciones de derechos humanos han publicado un comunicado y recogida de firmas protestando contra el archivo de la fiscalía: “Los hechos que no pueden quedar impunes” y evidencian la necesidad de que se determine la responsabilidad de España y Marruecos.

A la luz de las investigaciones periodísticas, documentación recogida y testimonios, para las organizaciones precisamente en la actuación de las fuerzas de seguridad es donde se originan las causas de las muertes: “las muertes estarían relacionadas con el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades , así como del uso indebido de material antidisturbios , concretamente pelotas de goma y gas pimienta a corta distancia contra personas indefensas y atrapadas, y la omisión del deber de socorro.”

Así también consideran que de gravedad que, en su resolución, la Fiscalía avala las devoluciones en caliente de 470 personas. Por ello, exigen de urgencia “poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición”.

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“Seis meses después de la tragedia y en estas fechas tan marcadas, estamos siendo testigos de una impunidad que daña profundamente nuestro sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas; en la falta de asunción de responsabilidades y en la negación de los hechos.”, denuncian en el comunicado.

Por ello, califican de “extremadamente grave la decisión de archivar estas investigaciones” y exigen “una investigación independiente e imparcial de los hechos , así como la de terminación de responsabilidades y la garantía de no repetición, como pilares fundamentales de un estado de derecho.”

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