Debido a la Ley de Extranjería, las personas migrantes en situación irregular no pueden acudir a la policía a denunciar un delito porque corren el riesgo de terminar con una orden de expulsión, lo que les deja en una situación de vulnerabilidad.
El Defensor del Pueblo destaca que ya en 2021 se formuló una recomendación a la Policía para que aprobara una instrucción con un protocolo de tramitación de quejas de malos tratos, pero que, “por el momento, no ha aceptado”.
Ambas madres de nacionalidad colombiana, denunciaron que funcionarios de la Comisaría de Paterna (Valencia) que las atendieron las humillaron, amedrentaron y les incoaron un expediente de sanción y expulsión cuando iban a tramitar el DNI de sus bebés.
Agentes de la Policía Nacional les trataron de forma humillante e intimidatoria, les acusaron de aprovecharse de la legislación, les dijeron que no acudieran a un abogado, las sometieron a interrogatorio inapropiado y, finalmente, les abrieron expedientes de multa y expulsión del país.
No es la primera vez que se dan estas situaciones, como ocurre con la trabajadora del hogar. Las personas migrantes, no podemos acudir a la justicia sin miedo a terminar deportadas por nuestra situación administrativa.
Los seis agentes de los Mossos d’Esquadra imputados por una agresión racista han pedido al juez anular la rueda de reconocimiento prevista para identificar a los autores concretos de cada uno de los insultos y amenazas que recibió la víctima.