En una decisión que ha causado revuelo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha resuelto sobreseer la denuncia presentada por Compromís contra la portavoz de Vox Alicante, Carmen Robledillo, y el concejal Juan Utrera. Los políticos de ultraderecha fueron acusados de cometer un presunto delito «contra los derechos fundamentales y las libertades públicas», en relación con sus declaraciones sobre los menores migrantes conocidos como ‘MENAS'.
En el pleno del pasado mes de septiembre, los concejales de Vox argumentaron que «la degradación de los barrios» se debía a «la ocupación ilegal, la inmigración ilegal, la delincuencia y la inseguridad». Además, afirmaron que los grupos de menores migrantes en el barrio de Virgen del Remedio tenían atemorizados a los vecinos.
La jueza encargada del caso dictaminó que el discurso de los concejales de ultraderecha se alinea con el ideario de su formación política y que no representan un peligro para el colectivo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS). Esta conclusión, según el auto judicial, se ampara en el artículo 6 de la Constitución que reconoce el papel de los partidos políticos en la formación y manifestación de la voluntad popular.
Compromís, sin embargo, ha anunciado la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, lamentó la decisión de la jueza, alegando que Vox es un grupo declaradamente franquista con discursos de odio xenófobos y racistas. Mas afirmó que, aunque la denuncia fue archivada por falta de repercusión social, su formación no permitirá que pase desapercibida, declarando: «No vamos a dejar pasar ni una, vamos a dar la batalla social y judicial ante el fascismo.»
Vox y el discurso de la ‘seguridad’: una estrategia basada en la xenofobia
Este caso destaca la difícil línea entre la libertad de expresión política y la incitación al odio, especialmente cuando se trata de discursos dirigidos a colectivos vulnerables como los menores migrantes. La sociedad debería cuestionarse si la decisión judicial legitima discursos que podrían perpetuar la discriminación y la estigmatización de los menores migrantes.
La noticia llega en un momento crucial, donde el auge de la ultraderecha en diversas partes del mundo ha llevado a una retórica política marcada por la xenofobia. En este contexto, la lucha contra el racismo y la xenofobia se convierte en una responsabilidad colectiva.
La absolución de los concejales de Vox en Alicante plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre la libertad de expresión y la responsabilidad política. ¿Dónde se traza la línea entre la crítica legítima y el discurso que alimenta la discriminación? ¿Cómo podemos garantizar que la justicia proteja a los colectivos más vulnerables? Mientras la sociedad reflexiona sobre estas cuestiones, la lucha contra el racismo y la xenofobia persiste como un llamado a la acción y a la defensa de los derechos humanos para todos.
Fuente: https://www.informacion.es/
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