En un flagrante caso de explotación laboral, las autoridades españolas han detenido a un empresario en Mallorca por someter a trabajadores migrantes a condiciones inhumanas. Especializados en construcción, estos empleados fueron reclutados en Rumanía con promesas de condiciones laborales dignas, manutención, sueldos elevados y permisos de residencia.
Sin embargo, la realidad fue totalmente opuesta. A su llegada a Mallorca, estos trabajadores se encontraron con semanas laborales de más de 50 horas por salarios que no superaban los 250 euros mensuales. Uno de ellos llegó a cobrar apenas 50 euros al mes, una cifra indignante que refleja la explotación a la que fueron sometidos.
El empresario implementaba un modus operandi cruel. Localizaba a trabajadores en Rumanía, proporcionándoles información sobre cómo viajar a España como turistas. Una vez en Mallorca, los llevaba a trabajar en la construcción y reforma de hoteles, donde las jornadas excesivas y los salarios miserables eran moneda corriente.
Además este empresario utilizaba a los trabajadores, en situación irregular, para realizar manifestaciones en hoteles. Prometía el pago de salarios mensuales si participaban en protestas, proporcionándoles camisetas, pancartas y solicitando la presencia de la prensa para dar visibilidad a sus demandas.
El impacto humano de este cruel engaño es devastador. Se han identificado seis víctimas que, en la actualidad, se encuentran en España sin recursos. Además de sufrir la explotación laboral, tuvieron que asumir los gastos de viaje y manutención durante su estancia en el país, sin permisos de residencia que les permitan generar ingresos.
La detención del presunto responsable el pasado 7 de noviembre en Santa Ponça reveló una reclamación internacional en su contra. Rumanía lo reclama por el incumplimiento de una pena de prisión, agravando aún más la gravedad de sus acciones.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar las prácticas abusivas en el ámbito laboral, especialmente cuando afectan a trabajadores migrantes. Las autoridades deben tomar medidas contundentes para garantizar que los derechos humanos de todos los trabajadores sean respetados y que los responsables de explotación sean llevados ante la justicia.
Fuente: https://www.eldiario.es/
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