La red ofrecía precontratos a mujeres vulnerables y en situación de necesidad en origen a través de una captadora residente en Lima, Perú. Una vez llegaban a Salamanca, eran obligadas a trabajar “todos los días de la semana y todas las horas del día” sometidas a “vejaciones” y “desprecios constantes”.
La compañía Glovo ha recibido una nueva multa millonaria de 56,7 millones de euros por Inspección de Trabajo debido al uso de falsos autónomos y el empleo de inmigrantes sin permiso de trabajo. Esta sanción se suma a las ya recibidas, acumulando más de 200 millones de euros.
Los detenidos llegaban a emplear la violencia o la intimidación contra los migrantes que se negaban a trabajar para ellos o no pagaban el dinero que les exigían, que llegaba hasta los 12.000 euros. Algunas víctimas sufrieron lesiones por las agresiones.
La mayoría de las víctimas eran ciudadanos marroquíes en situación irregular, y algunos de ellos vivían en condiciones infrahumanas en casas propiedad de la organización criminal.
En los casos denunciados, el fraude implica perder ahorros, explotación laboral, encadenar hasta un mes sin librar, pagar por documentos falsos y obtener certificados de cursos de socorrismo que nunca se han hecho por 200 euros.
La explotación laboral de estas mujeres campa a sus anchas. El racismo y el machismo están a la vuelta de la esquina. La violencia es habitual. Y las internas no tienen apenas opciones. Se ven forzadas a aceptarlo, porque es el único trabajo al que pueden optar.
Además de las precarias condiciones de laborales en Andalucía, retenían los pasaportes y pertenencias personales de las víctimas, les sometían a un trato vejatorio y maltrato psicológico continuo.
Esta organización ficticia captaba a sus víctimas que acudían a ella para obtener ayuda y les pedían realizar trabajos de “todo tipo”. Cuando el extranjero sufría un accidente laboral, “se le impedía que acudiera al Hospital”
Jornadas de 68 horas a la semana en turnos de 12 horas diarias sin horas extraordinarias, sin contrato, ni estar dado de alta en la Seguridad Social y carecer de cualquier seguro médico. Además de continuos insultos, desprecios y humillaciones.
Las jornadas eran de más de 12 horas sin descanso alguno y con un salario que dependía de la productividad, oscilando entre 30 y 40 euros diarios. En la inspección se hallaron a 23 personas de nacionalidad sudamericana trabajando.