Frente al racismo
Falleció nada más ingresar en Urgencias, después de que su jefe lo trasladara en una furgoneta al centro hospitalario y se marchara sin facilitar sus datos. Trabajaba para una empresa de reformas y no tenía contrato.
Se les exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros mientras se les mantenía hacinados en viviendas, con trabajos sin sueldo y se les maltrataba con sopletes o cuchillos si no seguían las órdenes para evitar ser detectados.
El Ministerio Fiscal «no volvió a comparecer en ninguna de las múltiples diligencias procesales, no informó sobre las múltiples solicitudes de protección de las víctimas y no ha realizado ni la menor de las intervenciones previstas para el acusador público».
Las víctimas acudían a España con la promesa de un trabajo digno, pero los miembros de la red aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones de explotación laboral.
Les hacían trabajar interminables jornadas sin comida ni agua por lo que acababan sufriendo desvanecimientos, insolaciones o deshidratación, además de pagarles cantidades muy por debajo de lo estipulado.
Eran captadas en Colombia con la promesa de un futuro mejor. Luego eran obligadas a prostituirse sin descanso, aún enfermas, y violentadas físicamente.
Trabajaban jornadas de hasta 14 horas sin alta en la Seguridad Social, sin compensaciones, ni cobertura.
«Querían estafar a mi compañero, quitarle su dinero y que se marchase del trabajo. Lo hacían con todos», relató el trabajador migrante.
La denuncia de un trabajador migrante amenazado con un arma y maniatado destapa una trama de explotación en Galicia de nacionalidades diversas: salvadoreñas, venezolanas, brasileñas, marroquís y uruguayas
Del total de trabajadores de la empresa, casi 50, solo 6 se encontraban dados de alta y con contrato de trabajo