Acudir a la policía para denunciar un delito debería ser un acto de protección y justicia. Sin embargo, debido a la Ley de Extranjería, para los migrantes cuya situación en España no está regularizada, esta acción se convierte en un riesgo palpable. En el más reciente incidente, un ciudadano colombiano se encuentra amenazado con sanciones económicas y la posibilidad de expulsión del país después de presentar una denuncia por estafa en una comisaría de la Policía Nacional. Este caso marca el quinto incidente de este tipo en lo que va del año en la Comunitat Valenciana, según alerta la Asociación València Acull.
C.B. presentó una denuncia por estafa en enero en una comisaría en la capital de La Plana Alta, Castellón. A pesar de identificarse con su pasaporte, el agente encargado de la denuncia registró el NIE asignado al solicitar asilo al escapar de Colombia, según informa la organización social.
La situación tomó un giro alarmante cuando C.B. decidió informar sobre un cambio de domicilio en julio, meses después de presentar la denuncia. Al acudir nuevamente a la comisaría para dar seguimiento a su denuncia, una agente le notificó que se le había denegado el asilo y acto seguido se le inició un «procedimiento preferente de expulsión». La ONG València Acull denuncia que la policía no explicó por qué se tomó esta medida y que el afectado se vio sorprendido, ya que no había cambiado su situación personal desde la presentación de la denuncia.
Así fue que C.B., al buscar la protección de la policía tras ser víctima de una estafa, se encontró con una orden de expulsión. València Acull ha destacado varios casos similares en los últimos meses, donde ciudadanos sudamericanos se enfrentan a expedientes sancionadores y posibles expulsiones después de denunciar pérdida de pasaportes o identificaciones.
La Ley de Extranjería deja a migrantes en la desprotección legal
La ONG señala directamente a la Ley de Extranjería, que otorga a los cuerpos de seguridad y al Ministerio del Interior la facultad de proponer expulsiones. Critican que estas decisiones no consideran las leyes nacionales y europeas, ni las recomendaciones institucionales que garantizan la protección de todas las víctimas, independientemente de su estatus de residencia.
Ya el Defensor del Pueblo ha instado desde 2004 a evitar expedientes sancionadores contra extranjeros en situación irregular que denuncien delitos. La institución aboga por centrar esfuerzos en ayudar a la víctima, minimizando los efectos traumáticos, en lugar de indagar sobre su estatus administrativo. Sin embargo el Ministerio de Interior hace caso omiso a estas recomendaciones.
El caso de C.B. ilustra un problema sistémico que afecta a la comunidad migrante en España. La vulneración de derechos fundamentales, la falta de aplicación de normativas internacionales y la indiferencia a las recomendaciones institucionales demuestran la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas migratorias. ¿Cuánto tiempo más las víctimas de delitos sufrirán la amenaza de expulsión al buscar justicia?
Fuente: https://www.eldiario.es/
En este artículo:
- Expulsión de migrantes en España y derechos humanos
- Ley de Extranjería y discriminación en denuncias
- Necesidad de reforma en sistema de asilo en España y protección a víctimas
- Víctimas de delitos en situación irregular y acceso a justicia
- Impacto de políticas migratorias en derechos de migrantes en España
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