La nueva valla de Melilla tiene 10 metros de altura en los “puntos más sensibles” entre la frontera de Beni Enzar y el Dique Sur. De acuerdo a las imágenes recientemente publicadas por eldiario.es, la estructura tiene una base conformada por barrotes y placas metálicas con una zona de alambrada. En su parte superior, el alambre de cuchillas ha sido sustituido por un cilindro “antitrepado”.
El resto de la frontera sigue estando conformada por una doble valla con una altura de seis metros. La novedad en estos puntos se encuentra en la zona más alta de la alambrada más próxima al lado marroquí.
Tras una visita a uno de los tramos de seis metros de altura, los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manuel Pineda comentan: “Hablamos de una nueva valla que blinda todavía más Melilla porque es más alta. Las personas migrantes dejarán de rasgarse y mutilarse al saltar, pero corren el peligro de caer al suelo desde una altura de 10 metros. Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad sólo puede sentirse conmocionada al ver la valla”.
Recordemos que en 2018 Grande-Marlaska aseguró que las cuchillas en la valla de Melilla serían sustituidas por otros tipos de elementos “no lesivos”. Lo que no dijo es que sería la primera vez que se usan barreras tan altas y que sobrepasan en un metro a las que está colocando Donald Trump, en la frontera con México.
LA VALLA DE MELILLA ES SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DEL LUCRATIVO NEGOCIO DEL CONTROL MIGRATORIO
Las obras de la valla de Melilla se adjudicaron a Tragsa, con un presupuesto de 17 millones de euros (8 millones para Ceuta y 9 para Melilla), y se plantearon con una duración de diez meses.
Sin embargo, las vallas fronterizas son solo una pequeña parte de la Industria del control migratorio y el lucrativo negocio de las deportaciones.
Recordemos que España deportó a más de 220.000 personas desde 2009 con un coste de 130 millones en 6 años. Esto es hasta ocho veces mayor que el dinero que España gasta en acogida e integración de personas migrantes.
Al mismo tiempo, desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público.