A finales de enero de 2020, el coronavirus era todavía una epidemia confusa. El relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, visitó campamentos de temporeros de la fresa en Huelva. “Viven en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua y sin electricidad. La palabra que más he escuchado es ‘abandono’”, resume en su informe, presentado el 7 julio en las Naciones Unidas.
Julio de 2020, las imágenes de unas 200 personas en Lleida durmiendo a la intemperie a la espera de un contrato de los agricultores por poco más de 6 euros abren informativos y portadas: la pandemia de Covid-19 ha puesto bajos los focos realidades sociales a menudo ignoradas.
Del brote y confinamiento en la comarca del Segrià (Lleida) ha emergido las condiciones de vida de los temporeros, sobre todo después de que la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, afirmase que había un componente de “problemática social” que dificultaba el rastreo.
“Ahora se ha agravado, es más visible, pero es un abaratamiento de costes a costa de las personas que hemos dejado pasar porque nos interesaba“, dice Hilde Daems, experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española. “¿Qué queremos como sociedad? Como ocurre con el cuidado de mayores o la hostelería, la alimentación es un sector clave. Ahora que nos damos cuenta de que todo afecta a nuestras vidas tenemos miedo. Es algo hipócrita”.
“Si la primera fase de la pandemia ha puesto en evidencia los problemas de las residencias de mayores, en esta segunda fase ocurre con la inmigración irregular que no puede continuar como irregular”, opina Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra y expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
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