La explotación laboral de personas migrantes es una realidad que sigue produciéndose en nuestro país. Un claro ejemplo de ello es el taller textil clandestino desmantelado recientemente en Mislata, Valencia, donde 12 trabajadores migrantes en situación irregular eran obligados a realizar jornadas laborales de hasta 58 horas semanales por un salario inferior a 900 euros mensuales.
Según informan fuentes policiales, la investigación se inició en noviembre pasado al tener indicios de posibles delitos contra los derechos laborales en dicho taller ubicado en un local comercial. Tras varias pesquisas, se organizó finalmente una inspección conjunta entre agentes de la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
En el operativo se constató que el lugar funcionaba como un taller clandestino de confección de ropa infantil. De los 12 trabajadores identificados, 9 carecían de permiso de trabajo y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, encontrándose por tanto en una situación de total irregularidad.
Inescrupulosos se aprovechan de migrantes en situación irregular
Los responsables detenidos en Mislata Valencia por pertenencia a grupo criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores son la propietaria del local y una pareja de origen boliviano, hombre y mujer de entre 31 y 46 años, que actuaba como encargada del taller. Los tres únicos empleados que sí tenían contrato laboral y estaban en regla en materia de Seguridad Social también procedían de Bolivia.
Algunos de los trabajadores en situación irregular manifestaron a los agentes que soportaban extenuantes e interminables jornadas laborales de más de 12 horas diarias durante 6 días a la semana, llegando a sumar 58 horas semanales de trabajo manual en el textil. Y todo ello por un ínfimo salario mensual muy inferior al salario mínimo interprofesional.
La inclusión social y regularización ya de migrantes, única solución contra la explotación laboral
Situaciones tan lamentables como la de Mislata Valencia se repiten con frecuencia en talleres textiles, de confección, construcción, agricultura u hostelería donde se contrata mano de obra migrante en situación irregular, aprovechándose de su vulnerabilidad administrativa y necesidad de ingresos para someterles impunemente a condiciones laborales leoninas, ilegales e indignas.
Es necesario reforzar considerablemente la vigilancia e inspecciones integrales en este tipo de sectores, para detectar, perseguir y erradicar este tipo de actividades delictivas que atentan gravemente contra los más elementales derechos humanos y derechos laborales.
Pero, sobre todo, es urgente facilitar vías extraordinarias de regularización de la situación administrativa de las personas migrantes que ya residen en el país, para acabar de raíz con la indefensión en la que viven y garantizar así que puedan integrarse dignamente en nuestra sociedad y acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y con plenos derechos.
Solo desde el respeto escrupuloso a los derechos laborales de todas las personas y ofreciendo oportunidades justas y equitativas a la población migrante podremos erradicar su discriminación y explotación sistemática.
Fuentes:
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