La regularización de las personas migrantes en España debe ser una prioridad. Según los últimos datos disponibles, el número de personas migrantes no comunitarias en España ha crecido de forma muy significativa en los últimos años, especialmente desde la guerra en Ucrania. De acuerdo a cifras del INE, a principios de 2023 se estimaba que residían en España alrededor de 4,4 millones de personas extranjeras no comunitarias, experimentando un crecimiento anual del 14%.
En este artículo:
- Regularización ya: una exigencia de justicia y derechos humanos
- La regularización de migrantes traería mejoras sustanciales en derechos laborales y protección social
- La regularización tendría un impacto positivo en la economía española
- La regularización de migrantes: una herramienta contundente contra la xenofobia y los discursos de odio
- La regularización de las personas migrantes debe ser una prioridad
Pero lo realmente alarmante es la cantidad de personas migrantes que se encuentran en una situación de irregularidad administrativa, sin permiso de residencia o de trabajo. El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) calcula que a finales de 2022 había unos 520.000 extranjeros no comunitarios empadronados sin autorización para residir legalmente en España. Por otro lado, la EPA estima que trabajan de forma irregular alrededor de 430.000 migrantes.
Esta situación de irregularidad es una dura condena a cientos de miles de personas a la marginalidad, la precariedad, la explotación laboral y la falta de derechos. Es necesario un proceso de regularización, tanto por razones éticas y de justicia, como por motivos económicos.
Regularización ya: una exigencia de justicia y derechos humanos
Más allá de las frías estadísticas, no podemos olvidar que cada número representa a una persona, con sueños, anhelos y necesidades, que merece poder desarrollar una vida digna.
Pese a trabajar, pagar impuestos al consumo y contribuir al sostenimiento del Estado de bienestar -recordemos que fueron esenciales durante lo más crítico de la pandemia- las personas migrantes irregulares viven condenadas a la clandestinidad, el miedo y la marginalidad, sin acceso a derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la protección social.
Según un informe de Cáritas, el 31% de las personas que ayudaron en 2022 estaban en situación irregular, sufriendo precariedad laboral, obstáculos para acceder a una vivienda y falta de asistencia médica. ¿Acaso podemos consentir como sociedad que haya personas viviendo en la miseria dentro de nuestras fronteras?
Tenemos la obligación moral y legal de garantizar unos derechos mínimos a todos los seres humanos, sea cual sea su origen o estatus legal. Por ello, la regularización de migrantes es, ante todo, una exigencia de justicia y de derechos humanos.
La regularización de migrantes traería mejoras sustanciales en derechos laborales y protección social
Uno de los principales beneficios que obtendrían los migrantes al regularizarse sería acceder a derechos laborales y protección social de los que ahora están privados al trabajar en la economía informal.
La regularización les permitiría dejar atrás estas duras condiciones de vida y marginalidad. Podrían trabajar legalmente, con un salario digno y derecho a paro o jubilación.
Además, tendrían garantizado el acceso a sanidad, educación y otras prestaciones sociales. Es una cuestión de justicia reconocer estos derechos básicos a todas las personas.
La regularización tendría un impacto positivo en la economía española
Aparte de la vertiente ética y de justicia, existe también una faceta económica que no podemos obviar ni minimizar en la exigencia de regularizar la situación de las personas migrantes. La regularización de 430.000 trabajadores migrantes irregulares se obtendrían alrededor de 2.000 millones de euros anuales en ingresos para las arcas públicas, por concepto de cotizaciones sociales e IRPF.
Para poner en relación, estos 2.000 millones de euros de ingresos públicos representan ya dos tercios de los esperados para 2023 de los impuestos sobre la banca y las empresas energéticas.
Esto se debe a que actualmente trabajan en la economía sumergida, sin cotizar ni tributar al fisco, dado que no tienen papeles. Al incorporarlos a la legalidad, pasarían a engrosar las cifras de afiliación a la Seguridad Social y a pagar sus impuestos correspondientes cuando reciban una nómina regular.
Además, sacar a estos trabajadores de la irregularidad fortalece y dinamiza el conjunto de la economía del país, al aumentar el número de personas que contribuyen al sistema con sus impuestos y cotizaciones. En definitiva, la regularización tiene beneficios tanto éticos como económicos.
La regularización de migrantes: una herramienta contundente contra la xenofobia y los discursos de odio
Otro aspecto fundamental es que facilitar la regularización de las personas migrantes también sirve para combatir la xenofobia y los discursos racistas que criminalizan a la inmigración. Permite desarticular los bulos que afirman falsamente que las personas migrantes irregulares viven de ayudas sociales o colapsan los servicios públicos.
Al incorporarlos al sistema y la economía formal, se demuestra que los migrantes irregularizados trabajan y contribuyen con sus impuestos y cotizaciones. Lejos de ser una carga, su regularización fortalece la sostenibilidad del Estado de bienestar. Es una potente arma contra prejuicios y falsedades sobre esta población.
La regularización de las personas migrantes debe ser una prioridad
A la vista de los datos y argumentos expuestos, queda patente que la regularización de cientos de miles de migrantes que residen y trabajan en España debe ser una prioridad, tanto por razones éticas y de justicia social, como por motivos económicos.
Permitiría sacar a estas personas de la marginalidad y la economía informal, garantizándoles derechos básicos, a la vez que reportaría importantes beneficios fiscales.
Por ello cabe preguntarse, si la regularización tiene todos estos impactos positivos ¿por qué el gobierno progresista de Pedro Sánchez se resiste tanto a llevarla a cabo de manera amplia? ¿Acaso priman otro tipo de intereses antes que la defensa de los derechos humanos y el bienestar social? Son cuestiones que deberíamos reflexionar como sociedad.
Fuente: https://www.eldiario.es/
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