Familias de inmigrantes que han perdido a sus seres queridos en accidentes laborales en España se encuentran con trabas burocráticas que les impiden reclamar indemnizaciones. Este drama es uno de los menos conocidos de lo que tienen que sufrir las familias de los inmigrantes que mueren en accidentes laborales en España.
La situación de los migrantes sudaneses en Marruecos es crítica. Estos migrantes y solicitantes de asilo enfrentan represión policial, ataques racistas, falta de protección y asilo. Desde 2018, España ha pagado más de 120 millones de euros a Marruecos para intensificar el control y la UE prevé inyectar más de 500 millones de euros.
Vox ha centrado su campaña para las elecciones municipales en vincular la inmigración con la delincuencia. Además, ha propuesto medidas antiinmigración que nada tienen que ver con la inseguridad ciudadana, como el cierre de centros de acogida, deportaciones o recorte de derechos a las personas migrantes regulares e irregulares.
Las empresas encargadas de los servicios de alimentación, a pesar de haber facturado más de 30 millones de euros, no solo incumplen los contratos, sino que también tienen problemas de salubridad en otros centros públicos como colegios, hospitales y cárceles. Las voces que piden el cierre de los CIE son cada vez más fuertes.
El acoso racista en el entorno escolar es un problema importante que necesita ser abordado. Desde Poder Migrante hemos organizado nuestro primer Encuentro online, donde se abordaron temas como la necesidad de protocolos antirracistas para prevenir la discriminación racial en centros educativos y se compartieron estrategias para fomentar la diversidad en instituciones educativas.
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, atribuye el despegue y progresiva penetración del discurso de la ultraderecha en España: “Debemos llevar a la discusión que salud, educación y vivienda son Derechos Humanos para todos y todas, y las organizaciones que trabajamos por esos derechos debemos también estar en la batalla de las ideas”
Según la respuesta de la Comisión Europea a una consulta de la eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, España tiene plenas facultades para legislar en la materia. La regularización de migrantes permitiría que puedan trabajar y estudiar sin miedo de acabar en un centro de internamiento, pero el PSOE parece ignorar esta situación.
La norma busca garantizar la igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad, origen étnico o racial. Se establecerán mecanismos de prevención para las personas racializadas y se creará el Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia.
Muchas trabajadoras son víctimas de abuso, explotación y aislamiento, lo que las convierte en una especie de esclavas modernas. En España, de las 40.000 mujeres que trabajan como internas, nueve de cada diez son extranjeras y una de cada cuatro cuida a un adulto dependiente.
El empadronamiento es un derecho y una obligación que debe llevarse a cabo de manera legal y transparente, ya que cualquier tipo de fraude en este proceso puede tener graves consecuencias para las personas migrantes y la sociedad en su conjunto.