En los últimos días, una investigación de la ONG Refugee Action ha revelado que personas refugiadas bajo tutela del Estado en Reino Unido reciben amenazas directas del personal que las atiende cuando critican las pésimas condiciones de vida o la calidad de la comida que reciben. Este es un problema que también se da en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España, donde las violaciones de derechos humanos son habituales y las condiciones de vida son muy precarias.
Las personas privadas de su libertad en los nueve CIE que hay en España no pueden elegir qué comer durante la semana. La comida en mal estado, la ausencia de una dieta equilibrada, la escasez de agua en plena ola de calor y los tiempos ínfimos para comer son algunas de las condiciones que deben soportar. Además, no todos los CIE respetan la dieta halal y a menudo los internos no tienen tiempo suficiente para comer.
Un reducido número de empresas, como Serunion y Albie, se lucran con fondos públicos a cambio de servicios de alimentación deficientes e incluso negligentes. Estas empresas han facturado más de 30 millones de euros por estos servicios desde 2014, según el análisis de los contratos que les adjudicó el Estado. Los pliegos de estos contratos detallan que las empresas deben recibir un ingreso mínimo al mes sin considerar que el número de personas internadas en estos centros fluctúa constantemente.
En septiembre de 2022, la organización CIEs NO reveló que 13 internos del CIE de Zapadores en Valencia habían iniciado una huelga de hambre tras denunciar el trato al que estaban siendo sometidos al encontrar gusanos en su comida. Además, la falta de agua fría para los internos durante las olas de calor es un problema recurrente. Las empresas encargadas de estos suministros entregan una botella de dos litros que deben compartir cuatro internos, cuando una persona adulta debe beber al menos 1,5 litros de agua al día.
Las empresas encargadas de los servicios de alimentación en los CIEs no solo incumplen los contratos establecidos, sino que también tienen problemas de salubridad en otros centros públicos como colegios, hospitales y cárceles.
El Servicio Jesuita Migrante, el Centre IRIDIA y el Defensor del Pueblo son algunas de las organizaciones que denuncian estas prácticas. Además, periodistas e investigadores tienen prohibido el acceso a estas cárceles de migrantes, por lo que la información fluye a cuentagotas. La situación de las personas migrantes recluidas en los CIEs de España es crítica y cada vez son más las voces que exigen el cierre de estas cárceles encubiertas.
FUENTE: https://www.elsaltodiario.com/
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