El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, está impulsando un plan para flexibilizar la regularización de trabajadores inmigrantes en el mercado laboral. A pesar de las reticencias iniciales de los sindicatos, el plan será aprobado próximamente, incluyendo algunas propuestas de los agentes sociales, pero manteniendo los cambios principales que generaron preocupación. Estos cambios consisten en la eliminación de la duración mínima de horas y la exigencia de presencialidad en los cursos de formación, lo cual ha generado críticas y temores de posibles situaciones de fraude.
El Ministerio dio un plazo para recibir alegaciones al borrador del plan y, aunque ha incorporado algunas de las propuestas de los sindicatos, se mantienen los puntos que causaron desconfianza inicial, como la eliminación del requisito de duración mínima de 200 horas y la obligatoriedad de la presencialidad. El nuevo borrador también introduce la posibilidad de realizar los cursos de forma telemática y permite el uso de “microcredenciales” como titulaciones válidas para solicitar un permiso de trabajo.
Algunos sindicatos han expresado su descontento con el plan, señalando que la falta de una duración mínima en los cursos genera suspicacias y que se han aceptado el 80% de las alegaciones, pero se han mantenido aspectos problemáticos como la eliminación de la exigencia de presencialidad. Sin embargo, fuentes presentes en la reunión destacan que se ha logrado un consenso mayor que en encuentros anteriores y que se ha evitado defender la medida como un mecanismo para cubrir vacantes en sectores como la hostelería y la construcción.
Puntos clave:
- El plan busca evitar situaciones de fraude en las formaciones del SEPE.
- Los sindicatos temen que la flexibilización de los requisitos pueda dar lugar a situaciones de fraude en las formaciones.
- Se ha aceptado la incorporación de propuestas para un mayor control de las titulaciones presentadas y se incluirá un listado de certificados de aptitud técnica.
- Distintas ONG especializadas en migraciones señalan que los requisitos establecidos para la regularización chocaban con la situación de vulnerabilidad de las personas sin papeles.
- Las ONG consideran que la rebaja de los requisitos permitirá que las personas sin papeles pasen de trabajar en la economía sumergida a estar contratadas y aportar a la Seguridad Social.
FUENTE: https://www.eldiario.es/
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