El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado que la Consejería de Familia indemnice con 150.000 euros a una madre soltera búlgara y sus hijas por separarlas de manera injusta. La madre pidió ayuda a los servicios sociales para establecer límites con sus hijas mellizas cuando tenían 12 años. Ella quería participar en un programa de intervención familiar voluntariamente, pero terminó en la retirada de custodia de sus hijas.
La separación de las niñas ocurrió después de una pelea sobre el uso del teléfono móvil. Trabajadores sociales y la Guardia Civil llegaron sin previo aviso y se llevaron a las niñas a un centro de acogida a 80 kilómetros de su hogar.
El juez concluye que la Consejería actuó de manera precipitada y desproporcionada sin escuchar a la madre o explicarle a las niñas lo que estaba pasando. Los jueces también dicen que era importante escuchar a las niñas antes de separarlas de su madre, ya que es muy traumático.
La madre ha luchado en los tribunales desde 2016. Con ayuda de Fundación Raíces, comenzó un proceso legal para recuperar a sus hijas. La Fiscalía, después de escuchar los argumentos, se opuso a la decisión de la Administración y argumentó que no había evidencia de desprotección y que las niñas estaban mejor con su madre que con la Administración.
Un año después de ser separadas, un juez ordenó que las niñas volvieran a casa con su madre. Ahora, la familia está exigiendo justicia por el daño que les ha sido causado. La madre habla del dolor que ha sentido durante este tiempo, especialmente durante el año en que estuvo separada de sus hijas.
La sentencia también menciona que durante el tiempo en que las niñas estuvieron alejadas de su madre, las visitas eran extremadamente limitadas y que no se revisó el plan del caso para dar a la madre más posibilidades de visita o contacto con su familia. El Tribunal destaca las declaraciones de las niñas que reconocieron el trauma y los daños morales causados por la actuación administrativa. Según el Tribunal, las niñas sufrieron inadaptación, aislamiento, problemas de salud mental, ausentismo escolar y empeoramiento en sus calificaciones.
Por su parte, la Fundación Raíces exige al gobierno un mayor control sobre la retirada de custodias para niños y niñas. La organización dice que estas separaciones suelen afectar a familias vulnerables y son injustificadas. Coincidiendo con la tramitación de la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, la ONG propone una serie de enmiendas al Anteproyecto para que las familias en situaciones vulnerables tengan prioridad y que los niños tengan el derecho de permanecer con su familia de origen.
FUENTES:
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