A pesar de que la migración irregular hacia Europa se ha reducido drásticamente situándose en mínimos desde 2013, la Unión Europea ha iniciado un proceso de endurecimiento con los países de los que proceden los inmigrantes para presionarlos, a través de la concesión de los visados a sus ciudadanos, para que se comprometan a recibir de vuelta a los migrantes a los que no se les otorga el estatus de refugiado.
La Unión Europea ya ha firmado acuerdos de readmisión con 18 países (entre los que figuran Turquía, Albania, Cabo Verde o Bielorrusia) y tiene concertados ciertos términos de retorno con otros seis Estados (como Afganistán, Costa de Marfil o Guinea). Las medidas de readmisión también figuran en el acuerdo de asociación de la UE con 79 países de África, Caribe y Pacífico.
LA UE SOLO CONCEDE EL DERECHO DE ASILO A UN TERCIO DE SOLICITANTES
«Los datos de la Comisión indican que solo un tercio de las personas que entran irregularmente logran después que se les reconozca el derecho de asilo. El resto, en teoría, debería regresar a sus países de origen. Pero en 2019, de las 490.000 personas que recibieron una orden de expulsión solo 142.000 salieron finalmente de la UE, menos del 30%.»
Aunque la propia Comisión Europea reconoce que «las devoluciones efectivas suelen verse complicadas por problemas de identificación de los migrantes y de reconocimiento de nacionalidad por sus presuntos países de origen», aún así la Unión Europea se empeña en seguir adelante con el escrutinio de los países y el primer análisis se ha centrado en la colaboración de 39 países durante 2019.
La Comisión seleccionará un grupo de países a los que someter a un escrutinio específico. Y la comisaria europea de Interior, Ylava Johansson, ha indicado que si los países colaboran “estoy dispuesta a proponer antes del verano medidas para restringir la política de visados”. La comisaria cree que ese posible castigo debe ir acompañado de medidas de mayor “generosidad” con la concesión de visados para los países que sí acepten someterse a la UE.
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