El Gobierno carece de un plan de vacunación para garantizar que esta llegue a los migrantes con papeles reagrupados por sus hijos en España, quienes no tienen derecho a la sanidad pública. Algunos de los afectados superan los 80 años, por lo que son parte del grupo prioritario.
Aún no hay un plan concreto ni recomendaciones específicas para que las autoridades sanitarias accedan a uno de los colectivos que siguen excluidos de la sanidad pública: los extranjeros reagrupados en España por un descendiente comunitario, a los que obligan a contar con un seguro privado para obtener los papeles por esta vía.
Al no estar dados de alta en el sistema de salud correspondiente a su comunidad autónoma, los centros de salud no pueden llamarles para concertar una cita, como ocurre con el resto de población con derecho a la cobertura sanitaria.
Preocupadas por la falta de respuestas, los hijos de los ancianos excluidos de la sanidad, agrupados en el colectivo de Afectadas por el INSS, han enviado una carta hace varias semanas al Ministerio de Sanidad para recordar su situación y solicitar su inclusión en el plan de inmunización en igualdad de condiciones.
EL ORIGEN DE LA EXCLUSIÓN SANITARIA Y DEL PLAN DE VACUNACIÓN A LOS MIGRANTES MAYORES
Los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos nacionalizados o comunitarios conforman uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido en el Real Decreto que pretendía corregirla.
El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos padres, ya mayores, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por reagrupación familiar, un trámite complicado en este caso, pues los afectados suelen ser padres y madres ya mayores, lo que dispara el precio de las pólizas.
En muchas ocasiones, no cubren el tratamiento de enfermedades graves surgidas una vez asentados en España o estos no pueden permitirse el pago de la medicación.
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