Acaba de ser dada de alta tras pasar 23 días aislada en una habitación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. A su infección por coronavirus, se suma su enfermedad: un cáncer sanguíneo grave que debilita su sistema inmune. María (nombre ficticio) espera su recuperación de la COVID-19 para poder someterse al trasplante de médula que necesita, mientras teme la llegada de una factura de miles de euros por la atención sanitaria hospitalaria recibida durante cerca de un mes.
María, boliviana en situación irregular desde el año pasado, tiene derecho a la asistencia sanitaria. Pero el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) cancela sistemáticamente su acceso al sistema.
A María los médicos le insisten en que, al mínimo malestar, debe acudir a emergencias del hospital. Cuando el pasado 7 de septiembre fue al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid con fiebre, no pensó que se encontraría con problemas de acceso a la sanidad pública.
Los resultados de la PCR confirmaron sus sospechas: tenía COVID-19. La infección desembocó en una neumonía, a cuyo tratamiento se sumaba el tratamiento del cáncer que padece.
247 CASOS DE EXCLUSIÓN SANITARIA A MIGRANTES DETECTADOS SOLO 2020
Las barreras burocráticas impuestas por la Comunidad de Madrid a la atención sanitaria de las personas sin papeles son constantes y no han cesado durante la pandemia. “Desde la ley sanitaria del PSOE, el SERMAS ha utilizado todos los huecos de la ley, que eran muchos, y lo están aplicando más allá.”, explica Marta Pérez, de Yo Sí Sanidad Universal.
A ello se suma que, cuando los pacientes sin papeles por fin consiguen zanjar este trámite, de pronto un día se encuentran, como María, que se les ha dado de baja en el sistema.
“Parece que hay una norma no escrita por la que la Comunidad da de baja a las personas en situación irregular al año de darlas de alta“, explica Cristina Hernández, técnica de Médicos del Mundo en Madrid. “Les dan de baja de repente, y no les avisan de ninguna manera”.
Este trámite afecta de forma importante a los pacientes con enfermedades crónicas. “Interrumpen su acceso normalizado a la sanidad, interrumpe su acceso a la medicación, e interrumpe todos los tratamientos que tenga”, añade. La ONG ha detectado en lo que va de año 247 casos de exclusión de la atención sanitaria en la Comunidad.
RACISMO INSTITUCIONAL EN LA ATENCIÓN SANITARIA
“Cuando vi que las señoras de Administración llevaban un lazo rosa pensé: ‘Yo creo que me va a ir bien porque están contra el cáncer”, recuerda María.
“No fue así. Nunca olvidaré esos ojos. No le importaba cuál era mi enfermedad. Me dijo que estábamos acostumbrados nosotros a venir a curarnos nuestras enfermedades a costa de los bolsillos de los españoles y los que aportaban a la seguridad social y, luego, volvemos a continuar con nuestra vida como si nada hubiese pasado. Nunca me olvidaré de sus palabras. Solo quería llorar”, cuenta.