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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado recientemente su intención de reformar la Ley de Extranjería. Una norma que responde a una realidad de hace más de 15 años.
La actual Ley de Extranjería y su reglamento consolidaron un modelo de gestión de las migraciones basado en la irregularidad. España diseñó su política migratoria asumiendo que las personas migrantes que no cuenten con familia en el país vendrán de forma irregular. La inexistencia de mecanismos para poder hacerlo de forma legal y segura desde los países de origen implica que la única forma de ejercer el derecho a migrar sea jugándose la vida o entrando como turistas para luego permanecer sin cumplir los trámites administrativos.
No pueden acceder a las medidas de protección social; solo pueden trabajar en la economía sumergida lo que no solo refuerza su discriminación y exclusión, sino que además las hace presas fáciles para todo tipo de explotación y abuso en todas las etapas del proceso migratorio.
Urge abordar una reforma de la normativa de extranjería, realista y sostenible en el medio y largo plazo.
La necesidad de adecuar la normativa de extranjería no es solo española. La Unión Europea parece no saber cómo resolver el dilema que ella misma ha creado.
En España el Gobierno insiste en presentarse como el que más sentido de progreso y compromiso con las políticas sociales ha tenido en las últimas décadas. Ahora, con la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, los partidos que lo sostienen están ante una magnífica oportunidad de demostrarlo construyendo un marco normativo que reconozca que una de cada diez personas depende de una ley que se lo pone muy difícil para vivir sin angustia.
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