Hace más de cinco meses que el Gobierno decretó el estado de alarma e impuso duras restricciones para frenar el avance del coronavirus. Las consecuencias económicas de la llamada gran reclusión no se hicieron esperar, a pesar de las diferentes medidas que el Ejecutivo ha desarrollado bajo el repetido lema de «no dejar a nadie atrás».
Casi al mismo tiempo que avanzaba la pandemia surgieron dos iniciativas de forma paralela con una reivindicación que ya viene de años y que, según los más de mil colectivos que la impulsan, se hace más necesaria que nunca: la regularización extraordinaria de alrededor de 600.000 migrantes y solicitantes de asilo que actualmente residen en España, entre el olvido institucional y la indiferencia social, sin poder beneficiarse de las ayudas del Gobierno, sin derechos reconocidos, desamparados.
Los migrantes irregulares apenas son un 0,8% de la población del país
Ya estaban a la cola antes de la pandemia, sobreviviendo en la economía sumergida, en viviendas precarias e incluso durmiendo al raso. Soportan condiciones de semiesclavitud, ya sea en los invernaderos de Almería, en los campos de frutales de Catalunya, en las habitaciones para el servicio de las familias acomodadas de grandes ciudades o en pisos, polígonos industriales y prostíbulos del país.
Como en tantas otras injusticias socioeconómicas de España y Europa, la clandestinidad administrativa también tiene rostro de mujer. Son, sobre todo, colombianas, venezolanas y hondureñas que pueden entrar como turistas o solicitando asilo o protección internacional, pero caen más temprano que tarde en el desamparo institucional y documental. La tasa de irregularidad total de estas nacionalidades oscila entre el 30% y el 50%.
La tasa de irregularidad de los procedentes de África es tres veces más baja que la de los que vienen de Canadá y Estados Unidos juntos.
«Para salir de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo».
Sin embargo, la frase «no dejar a nadie atrás» ha quedado «vacía de contenido», ya que la medida estrella del Gobierno para amortiguar el mazazo económico entre las familias también se ha olvidado de ellos. Ni siquiera los solicitantes de asilo han sido incluidos en este llamado «salvavidas social».
Para Paco Sonlans, presidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, con la actual «bolsa de irregulares» excluidos del IMV «se va a generar un efecto indeseado, la etnificación de la pobreza en España», se va a reducir la «gran bolsa de pobreza severa, eso es muy loable, pero no podemos crear una pequeña bolsa que, además de superpobres, sean extranjeros, ilegales, fácilmente explotables y sin ningún derecho».
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