El suceso de Valladolid recuerda a 2019, cuando falleció otro menor en Andalucía en un reformatorio tras ser inmovilizado en una cama con medidas de contención y de sujeción mecánica.
Los detenidos ofrecían ‘packs’ de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales, tras un pago que oscilaba entre los 250 y los 8.000 euros.
Los trabajadores migrantes cobraban unos 600 euros mensuales y asumían este maltrato porque necesitaban el dinero para mandarlo a sus familias en Colombia y Marruecos mientras ellos se deslomaban en Roales Valladolid.
Trabajaban jornadas de hasta 14 horas sin alta en la Seguridad Social, sin compensaciones, ni cobertura.