¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te encontraras sin poder acceder a derechos básicos como la salud, la educación o un trabajo digno? Esta es la realidad que enfrentan cientos de miles de personas migrantes en España, quienes a pesar de contribuir a la sociedad, se ven obligadas a vivir en la sombra debido a su situación administrativa irregular.
En medio de esta problemática, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes, que busca dar una solución a esta injusticia. Este martes, el Congreso de los Diputados tiene en sus manos la oportunidad de dar un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, al votar sobre la toma en consideración de esta lucha ciudadana.
En este artículo, exploraremos los detalles de la ILP, las posturas de los partidos políticos ante la votación y los argumentos a favor de la regularización. Además, analizaremos los precedentes de regularizaciones en España y los próximos pasos en caso de que la iniciativa sea aprobada.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización: Una lucha social para garantizar derechos fundamentales para todas las personas
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes es una el resultado de una lucha social impulsada por la sociedad organizada, que busca modificar la Ley de Extranjería para permitir que aquellas personas que se encuentran en situación irregular puedan acceder a un procedimiento de regularización. El objetivo es garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y un trabajo digno, así como promover la integración y la cohesión social.
Esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Gracias al esfuerzo de la plataforma «Regularización Ya» y el apoyo de más de 900 entidades, se lograron recoger más de 700.000 firmas, superando con creces el mínimo requerido por la ley para presentar una ILP en el Congreso. Este hito demuestra la gran preocupación que existe en la sociedad por la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes sin papeles.
Actualmente, se estima que entre 390.000 y 470.000 personas viven en España sin autorización de residencia. Esta situación les expone a la explotación laboral, la exclusión social y la imposibilidad de acceder a servicios básicos. Además, la pandemia ha puesto en evidencia la importancia del trabajo que realizan muchas de estas personas en sectores esenciales, como los cuidados o la agricultura.
Partidos políticos ante la votación de la ILP de regularización: Entre el apoyo, la ambigüedad y el rechazo
La votación de la ILP de regularización en el Congreso ha puesto a los partidos políticos en una encrucijada, obligándoles a retratarse ante un tema tan crucial como la defensa de los derechos de las personas migrantes. Mientras algunos grupos han mostrado un apoyo firme a la iniciativa, otros han mantenido una postura ambigua o incluso han expresado su rechazo.
Entre los partidos que respaldan la ILP se encuentran Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Sumar y otros grupos de izquierda. Estos partidos consideran que la regularización es una medida necesaria para garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes y para promover su integración en la sociedad.
Por otro lado, el PSOE, que inicialmente se mostró ambiguo, ha anunciado que votará a favor de la toma en consideración de la ILP, aunque ha adelantado que presentará enmiendas al texto. El PP, por su parte, ha evitado definir claramente su postura, mientras que Vox es el único partido que ha expresado abiertamente su rechazo a la iniciativa.
La votación de la ILP será un momento clave para ver qué mensaje envían los partidos políticos a la sociedad sobre su compromiso con los derechos humanos y la inclusión. ¿Primará la defensa de la dignidad y derechos de las personas migrantes o pesarán más los cálculos electorales y los discursos xenófobos? La ciudadanía estará atenta a la postura que adopte cada formación política en esta encrucijada.
Regularizaciones extraordinarias de personas migrantes en España: Un recorrido por los precedentes históricos
La regularización de personas migrantes no es una medida nueva en España. A lo largo de las últimas décadas, tanto gobiernos del Partido Popular (PP) como del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han impulsado procesos de regularización extraordinaria para dar respuesta a la realidad migratoria del país.
Desde la aprobación de la Constitución en 1978, se han llevado a cabo hasta nueve regularizaciones de personas migrantes en España. El PP ha promovido cinco de estos procesos, mientras que el PSOE ha impulsado los cuatro restantes. Una de las regularizaciones más significativas fue la realizada en 2005 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió la regularización de cerca de 600.000 trabajadores y trabajadoras migrantes.
Uno de los argumentos que suele esgrimirse en contra de las regularizaciones es el temido «efecto llamada», es decir, la idea de que estas medidas atraerían a más personas migrantes en situación irregular al país. Sin embargo, diversos estudios académicos han cuestionado la existencia de este efecto.
Por ejemplo, una investigación de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona sobre la regularización de 2005 concluyó que no hubo un aumento significativo en los flujos migratorios como consecuencia de esta medida. Ante esta evidencia, cabe preguntarse: ¿por qué es necesaria una nueva regularización en este momento?
La regularización extraordinaria de personas migrantes: Derechos humanos, beneficios económicos y cohesión social
La regularización de las personas migrantes que viven y trabajan en España sin autorización de residencia no solo es una cuestión de justicia y derechos humanos, sino que también conlleva importantes beneficios para el conjunto de la sociedad.
En primer lugar, permitir que estas personas accedan a un estatus legal es fundamental para garantizar su acceso a derechos básicos como la salud, la educación y un trabajo digno. No podemos tolerar que en un Estado de derecho haya personas que, por su situación administrativa, se vean abocadas a la explotación laboral, la exclusión social y la desprotección frente a abusos y violencias.
Pero además de ser una exigencia ética, la regularización también tiene un impacto positivo en la economía y la cohesión social. Según cálculos de la fundación PorCausa, la regularización de las personas migrantes en situación irregular supondría un beneficio neto para las arcas públicas de entre 790 y 950 millones de euros anuales, gracias a su contribución en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.
Asimismo, la regularización favorecería la cohesión social de estas personas, reduciendo la segregación y la marginalidad que a menudo sufren quienes se ven obligados a vivir en la clandestinidad.
El agónico proceso parlamentario tras la votación de la ILP de regularización: aún no podemos celebrar victoria si no hay una tramitación ágil
Si la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes supera el trámite de toma en consideración en el Congreso, se abrirá un proceso parlamentario en el que los diferentes grupos políticos podrán presentar enmiendas al texto.
Ese será un momento clave para enriquecer la propuesta y asegurar que la regularización se lleve a cabo de manera justa y efectiva, atendiendo a las necesidades y realidades de las personas migrantes.
Tras el periodo de enmiendas, la ILP deberá ser debatida y votada tanto en el Congreso como en el Senado. Es fundamental que durante este proceso se mantenga vivo el espíritu de la iniciativa y no se desvirtúe su objetivo principal: dar una solución a la situación de vulnerabilidad que enfrentan cientos de miles de personas debido a su estatus administrativo irregular. Con voluntad política, este trámite podría completarse en un plazo de dos meses, lo que permitiría que la regularización fuera una realidad antes de finales de año.
Pero más allá del procedimiento legislativo, es importante que la sociedad civil siga movilizada y alerta para defender los derechos de las personas migrantes. Las organizaciones sociales, los sindicatos, las asociaciones vecinales y la ciudadanía en general tienen un papel crucial a la hora de exigir a los representantes políticos que estén a la altura de este desafío y apuesten por una sociedad más inclusiva y cohesionada.
La regularización de personas migrantes, una oportunidad histórica para una sociedad más igualitaria e inclusiva
La votación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes en el Congreso representa un momento decisivo en la lucha por los derechos humanos en España. Esta propuesta, respaldada por cientos de miles de firmas y el apoyo de numerosas organizaciones sociales, nos interpela como sociedad y nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de país queremos construir.
No podemos seguir tolerando que haya personas que, por carecer de un permiso de residencia, se vean condenadas a vivir sin acceso a derechos básicos y expuestas a todo tipo de abusos y explotación. La regularización no solo es una cuestión de justicia y dignidad para las personas migrantes, sino que también beneficia al conjunto de la sociedad, tanto en términos económicos como de cohesión social. Es hora de dejar atrás los discursos xenófobos y apostar por un modelo de convivencia basado en la igualdad, el respeto a la diversidad y la solidaridad.
La decisión está ahora en manos del Congreso y de los partidos políticos. ¿Estarán a la altura de este desafío histórico? ¿Tendrán el valor de anteponer los derechos humanos a los cálculos electorales? Como ciudadanía, tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros representantes que apuesten por la regularización y por una sociedad más inclusiva.
Pero también debemos implicarnos activamente en esta lucha antirracista, tejiendo redes de apoyo mutuo con las personas migrantes, denunciando las violaciones de derechos y combatiendo los discursos de odio que intentarán obstaculizarla. Solo así podremos construir un futuro en el que todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa, puedan vivir con dignidad y ver reconocidos sus derechos. ¡La regularización es posible y necesaria! ¡Hagámosla realidad!
Fuentes:
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