Hace pocos meses Eleazar Blandón decidió abandonar su Nicaragua natal para probar suerte en España. El pasado sábado, su cuerpo inconsciente fue abandonado en un centro de salud de Lorca (Murcia). Su caso no es único.
Apenas en diciembre, el cuerpo sin vida del jornalero marroquí Said Aballa fue abandonado por su empleador a las puertas de un centro de salud de Jaén.
Felipe conoce a la perfección este problema. Natural de Guinea Ecuatorial y viviendo en España desde hace casi dos décadas, recuerda con especial desagrado cuando estuvo recogiendo naranjas a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). Habla de pagos en negro, chanchullos con las cotizaciones o jornadas interminables. “Estábamos esclavizados, salíamos a la hora que ellos querían. En algunos casos, trabajabas veinte días y te cotizaban sólo diez”. Y todo por un jornal mísero.
El relato de Seydou Diop es prácticamente calcado. El joven senegalés conoce por experiencia propia las terribles condiciones que enfrentan los temporeros, con jornales “miserables” entre los 30 y los 40 euros.
Este tipo de prácticas están bastante extendidas. Así se desprende de un informe elaborado por Cáritas en 2018 en tres sectores diferentes: hostelería, empleos del hogar y agricultura. También eran preocupantes las cifras relativas a la vulneración de derechos relacionados con el Código Penal.
“La proporción de quienes los han padecido se incrementa significativamente en el colectivo de temporeros”, recalcaba el informe. “Los temporeros, en la mayoría de los casos, son personas en situación irregular y que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.»
Lo sabe bien la Guardia Civil, que el pasado mes de octubre desarticuló una trama que a través de una ETT mantenía en condiciones de “semiesclavitud” a trabajadores temporeros. Gracias a esto, la red conseguía en torno a un millón de beneficios al mes.
Pero por si esto fuera poco, el riesgo para la salud de estas personas se hace todavía más evidente en pleno verano. A todo esto, hay otro problema adicional: el alojamiento. Los trabajadores se ven obligados a vivir en asentamientos sin condiciones de salubridad mínimas, que facilitan la transmisión del coronavirus entre el castigado colectivo de trabajadores temporeros.
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