La reciente decisión del gobierno de coalición de España liderado por el PSOE de ceder competencias en política migratoria a la Generalitat de Cataluña a cambio de lograr la aprobación de sus decretos por parte del partido independentista Junts ha generado una enorme controversia y preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El acuerdo se alcanzó en el marco de la primera votación de la legislatura en el Congreso de los Diputados, donde Junts decidió abstenerse a cambio de la cesión de competencias. Si bien los detalles aún no están definidos, el pacto ha desatado alarma por la deriva xenófoba de Junts y la pasividad mostrada por el PSOE.
Auge del discurso antiinmigración de Junts en medio de crecimiento de opciones de extrema derecha xenófoba
En los últimos meses, Junts ha intensificado sus posicionamientos en contra de la inmigración, con declaraciones xenófobas de sus principales dirigentes que vinculan directamente a esta población con la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
Un claro ejemplo de ello fue la petición de alcaldes del partido en la comarca del Maresme en Cataluña para expulsar a personas inmigrantes en situación irregular, a quienes acusaban falsamente de ser «multirreincidentes» delictivos.
Otro caso que evidencia esta deriva fue la polémica desatada por declaraciones de dirigentes de Junts estableciendo un supuesto vínculo entre presencia de inmigrantes y aumento de delitos en determinadas zonas.
Asimismo, la formación se ha manifestado en contra del uso del velo islámico en espacios públicos, reforzando la asociación negativa y discriminatoria entre inmigración y religiones minoritarias.
Estos señalamientos que criminalizan a un grupo vulnerable tienen como objetivo, según apuntan analistas políticos, adoptar los discursos antiinmigración y competir con formaciones de extrema derecha abiertamente xenófobas, como Vox o Aliança Catalana, que le han arrebatado apoyos a Junts en los últimos años.
El giro hacia posturas más duras contra la inmigración por parte de Junts se produce en paralelo al auge de opciones políticas racistas y ultranacionalistas en el contexto europeo. Según advierten algunos expertos, este peligroso endurecimiento del discurso termina legitimando y expandiendo discursos de odio y medidas discriminatorias en la sociedad.
Asimismo, recientemente desde Junts han avisado que no se «acomplejarán» por sus posturas sobre la inmigración pese a las acusaciones de xenofobia. Su secretario general, Jordi Turull, calificó de “chantaje indigno” los señalamientos de los partidos que les tildaron de “xenófobos” por abordar el tema migratorio. Turull afirmó que “no actuar contra los delincuentes multirreincidentes sí pone en peligro la convivencia”, en una postura que criminaliza a la población inmigrante.
Con un discurso que alienta peligrosamente la xenofobia, Junts insiste en no dar marcha atrás en sus medidas antiinmigrantes «digan lo que digan y con todas las consecuencias». Esta deriva discriminatoria resulta inaceptable y requiere una firme respuesta social y política para defender los derechos humanos.
Ambigüedad e indefinición del PSOE sobre el alcance real de las competencias cedidas en materia migratoria
Por su parte, el acuerdo migratorio entre el PSOE y Junts ha recibido duras críticas por la ambigüedad e indefinición sobre el verdadero alcance de las competencias a transferir en esta materia, lo que deja la puerta abierta para el establecimiento de políticas que violen los derechos humanos de la población inmigrante.
Cabe recordar que este no es el primer episodio en el que el gobierno de España muestra una actitud pasiva e incluso colaboracionista ante violaciones de derechos en materia migratoria. En el pasado, el PSOE ha apoyado medidas tales como la externalización de fronteras a Marruecos, las devoluciones en caliente, o la criminalización de las organizaciones humanitarias que realizan labores de rescate de personas migrantes en el mar.
Esta peligrosa ambigüedad del partido de Pedro Sánchez ante posiciones claramente xenófobas resulta inaceptable viniendo de una formación que se define como progresista. La concreción de las competencias transferidas en una futura ley orgánica será determinante para saber si el acuerdo abre la puerta a políticas racistas discriminatorias o si por el contrario prioriza la defensa de los derechos humanos.
Crecientes demandas para que el gobierno español se posicione firmemente en contra de cualquier tipo de racismo institucional
Mientras tanto, este pacto ha reavivado el urgente debate social sobre cómo abordar los desafíos migratorios desde un enfoque de derechos, sin socavar la cohesión social. Es imperativo que el gobierno español se posicione con firmeza en contra de cualquier forma de racismo institucional.
Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen al PSOE y a Pedro Sánchez que no cedan ante chantajes políticos y se mantengan firmes por la protección de los derechos fundamentales por encima de cualquier interés político partidista.
En ese contexto, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana (ERC), ha advertido que “abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social, un país compartido con todo el mundo que vive y su incorporación al proyecto nacional”.
En este momento crítico, es esencial que las decisiones políticas reflejen un compromiso genuino con los valores democráticos y los principios de justicia social e igualdad. Sólo así se podrán abordar los complejos desafíos migratorios de forma humanitaria, anteponiendo siempre los derechos humanos a cualquier otra consideración.
Fuentes:
- https://elpais.com/
- https://www.publico.es/
- https://www.eldiario.es/
- https://www.eldiario.es/
- https://www.eldiario.es/
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