Las competencias en políticas migratorias vuelven a residir en la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, según ha aprobado el Consejo de Gobierno, entre otros cambios en la estructura orgánica del Gobierno andaluz.
Una visión basada en la criminalización de las personas migrantes en Andalucía
Sin embargo, Sindicatos y asociaciones advierten que asociar la inmigración con el departamento de Interior marca una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica enfocada hacia la seguridad y el control y pierde la centralidad, la integración, la convivencia y la cohesión social como pilares fundamentales de la política migratoria de Andalucía.
Por otro lado, el discurso de la seguridad ciudadana y las migraciones ha sido explotado por la extrema derecha durante este primer año y medio de Gobierno. Cabe recordar que Vox tardó cinco minutos en pedir a la nueva Junta, mientras tomaba posesión el 22 de enero de 2019, que colaborara en la deportación de 52.000 “inmigrantes ilegales”, una cuestión que fue avanzando con el paso de los meses.
Finalmente, la decisión del cambio de competencias ha llevado la cuestión migratoria al departamento de Interior pese a que las personas de origen migrante que residen en la Comunidad suponen en torno al 10% de la población andaluza y son parte estructural de su ciudadanía.
A Andalucía Acoge le preocupa que haya una visión basada en la criminalización de las personas migrantes por esas competencias de seguridad que no tienen nada que ver con migraciones. Las entidades sociales y sindicales solicitan una política migratoria que apueste por la integración.