En un país donde los espacios educativos deberían ser un refugio seguro para nuestros hijas e hijos, la historia de Camelia pone de manifiesto la cruda realidad del acoso racista escolar y la discriminación racial en el sistema educativo.
El reciente fallo del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid, condenando al colegio concertado Retiro a pagar 10 mil euros por el acoso xenófobo que sufrió Camelia es un recordatorio de que el sistema ha fallado en su deber de proteger a sus estudiantes más vulnerables.
«Esta sentencia no es un éxito, es un fracaso del sistema».
Rosa, la madre de Camelia, expresó con amargura: «Esta sentencia no es un éxito, es un fracaso del sistema». Durante cinco años, Camelia, de origen vietnamita, soportó insultos crueles como «china hija de puta» y «cerda». Lo que es aún más desgarrador es que la institución educativa, en lugar de proteger a la menor, demostró una actuación insuficiente.
El calvario de Camelia comenzó en 2016, cuando apenas cursaba el segundo grado de primaria. Los primeros insultos surgieron en la clase de baile extraescolar, un lugar donde debería haber experimentado alegría y aprendizaje.
El acoso se intensificó en el tercer grado cuando dos compañeros de clase comenzaron a insultarla y vejarla de manera recurrente.
La madre de Camelia, Rosa, desesperada por la situación, trató de contactar con la escuela, pero sus esfuerzos resultaron en vano. Solo después de la intervención de una trabajadora social logró una reunión con el colegio. Sin embargo, los protocolos de acoso se abrieron y cerraron repetidamente, sin tomar medidas efectivas.
La sentencia del tribunal calificó la actuación del colegio como «insuficiente» y «placebo», señalando que las medidas tomadas eran inadecuadas y que la menor nunca sintió que recibía suficiente atención o apoyo.
Rosa buscó ayuda en varias instituciones, desde la Dirección de Área Territorial hasta la unidad contra delitos de odio de la policía municipal, pero sus llamados quedaron sin respuesta. La fiscalía de menores incluso consideró que los agresores eran inimputables, y el Defensor del Pueblo se mantuvo al margen.
“¿Quién protege a los menores que son víctimas de acoso en los centros escolares?”
El trauma persiste en Camelia, como señala un informe psicológico que describe su experiencia como una fuente constante de ansiedad y tristeza. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Quién protege a los menores que son víctimas de acoso en los centros escolares? “Todavía nadie me ha contestado la pregunta”, concluye Rosa.
“La sentencia refleja lo que venimos reclamando en contra del acoso escolar: la obsolescencia absoluta de los protocolos que hay contra el acoso escolar, que ni siquiera de forma anecdótica tratan el racismo y la xenofobia en las aulas, ni preparan ni forman al profesorado para enfrentarse a un caso de acoso escolar de índole racista o xenófobo”, declara Petra Ferreyra, madre de Camila y portavoz de la plataforma Suspenso al Racismo.
Ferreyra indica que esta sería la tercera sentencia que existe en España por un caso de acoso escolar racista o xenófobo. En las tres sentencias, valora, se observa el mismo comportamiento de los centros: se blindan en contra de las familias, culpabilizan a la víctima, responsabilizan a las familias, desprotegen a los acosados y no reconducen la conducta de los agresores.
¿En qué han cambiado los protocolos? «A ver si alguien nos puede contestar a eso”, sentencia Rosa.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/
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