Una persona migrante encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras lleva mes y medio en huelga de hambre para denunciar su situación. Cuenta con residencia en Málaga, donde regenta un negocio, y ha cumplido en su integridad la pena que motivó el inicio de un expediente de expulsión.
M.B., de 38 años, solo quiere volver a retomar su vida y regentar el negocio que tiene en Málaga. Tras 20 años en España, entró a prisión el pasado 7 de febrero y denuncia que no tuvo opción de recurrir el procedimiento de expulsión que inició la Policía Nacional de Málaga por estar en el centro penitenciario, e incide en que ya ha saldado su deuda con la Justicia con su doble estancia en prisión.
“No puedo perder más clientes, no puedo abandonar mi negocio. Llevo mucho tiempo en España. Estar 45 días sin comer no es fácil. Estaba tirando pa’lante y ahora estoy aquí encerrado”, comenta el interno.
En un par de semanas vence el plazo máximo de estancia en el CIE (60 días), sin saber qué será de su futuro una vez se cumpla ese periodo y careciendo de contacto y cobertura familiar con su país de origen, Marruecos.
El presidente de Algeciras Acoge, Jesús Mancilla, explica que su “deterioro físico es importante” y se muestra preocupado por cómo pueda acabar su situación, ya que no puede caminar sin tener alguien a su lado.
Por todo ello organizaciones defensoras de derechos humanos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de España. A juicio de las asociaciones, “resulta evidente que, pese a que el interno ha recibido y recibe atención médica en el CIE, la atención sanitaria debe ir más allá de la atención primaria que puede prestarse por un médico de cabecera en las propias instalaciones, procediéndose en caso de gravedad de una dolencia o enfermedad, o como en este caso una amenaza real para la vida del propio interno, a su traslado a centro hospitalario para recibir una atención especializada”.