Las organizaciones han denunciado los hechos ante el Defensor del Pueblo, institución a la que han pedido que se fiscalice la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se prohíban los perfiles racistas en las políticas de seguridad, que se tomen medidas que garanticen el derecho de manifestación y reunión y la retirada de las sanciones impuestas.
“La detención se llevó a cabo de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito, y tuvo por tanto un efecto disuasorio para el resto del grupo de personas alojadas en Las Raíces, que hasta ese momento habían participado y reivindicado sus derechos en las manifestación”, destacan desde la Caravana Abriendo Fronteras.