La pandemia ha traído a nuestras vidas una nueva forma de semiesclavitud: la de las cuidadoras de ancianos que son forzadas a trabajar siete días a la semana sin poder salir del domicilio a cambio de salarios miserables, de entre 400 y 600 euros de media al mes. Este abuso lo practican cientos de españoles, posiblemente miles, en ciudades grandes y en pueblos pequeños.
La alerta saltó en marzo, cuando cientos de cuidadoras internas fueron obligadas a permanecer durante semanas en el hogar en el que trabajan, y se ha agravado con el paso del tiempo, hasta el punto de que hoy es normal exigir a una trabajadora interna que no salga nunca de la casa para evitar contagiar de coronavirus a los ancianos a los que asiste.
Y las cuidadoras lo aceptan porque son la capa más vulnerable de nuestra sociedad: casi todos son mujeres inmigrantes con escasos recursos económicos, duramente castigadas por esta crisis. Muchas de las cuidadoras ni siquiera tienen permiso de residencia en España. Son carne de explotación y las familias que las emplean lo saben perfectamente.
La irrupción del coronavirus ha disparado la demanda de cuidadoras de ancianos, pues muchas familias tienen pánico al contagio en las residencias geriátricas. También ha multiplicado las ofertas de ‘canguro’ para cuidar a niños por horas. Pero esta demanda, en lugar de revalorizar una profesión históricamente mal pagada, ha hundido más aún las condiciones a niveles que las profesionales aseguran no haber padecido antes.
Sobrecoge la facilidad con que una sociedad como la española impone condiciones de semiesclavitud a sus empleadas domésticas sin pestañear. Parecería que del coronavirus no saldremos mejores.
España es uno de los países europeos que emplea más trabajadoras internas. Se calcula que hay unas 700.000 personas trabajando en el sector doméstico en el país, 542.000 de las cuales son mujeres, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Un 55% del total son personas nacidas en el extranjero. Y, de ese total, cerca de la mitad trabaja en negro. Unas 20.000 habrían perdido el trabajo desde marzo.
Casualmente, España es uno de los países occidentales que sigue sin ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en el año 2013 para garantizar “el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva desde inicios de año prometiendo que España pronto lo va a ratificar, con el fin de dotar de derechos a este amplio sector laboral, comenzando por la cobertura por desempleo. Todavía no lo ha ratificado.