EL ESTADO ESPAÑOL ADMITE SU RESPONSABILIDAD EN LA MUERTE DE SAMBA MARTINE

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Nueve años después, el Gobierno ha reconocido la responsabilidad de la Administración y de los servicios sanitarios del CIE en la muerte de Samba Martine, quien murió en 2011 con VIH después de pasar 39 días de encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, donde acudió hasta en diez ocasiones a la consulta médica, sin haber sido sometida a ninguna prueba clínica ni trasladada al hospital hasta el día de su fallecimiento.

El Ministerio de Presidencia ha respondido de manera favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Samba Martine, que será indemnizada a partes iguales por los ministerios de Interior e Inclusión; y por la empresa SERMEDES, encargada entonces de la gestión de los servicios médicos del CIE de Aluche.

La resolución concluye que la descoordinación entre las carteras de las que dependen los distintos centros por los que pasó la fallecida y la «mala praxis» del servicio médico privado del CIE de Madrid derivaron en la deficiente atención sanitaria recibida por la paciente.

Samba Martine fue internada en el CIE de Aluche después de haber estado unos meses en el CETI de Melilla. Allí fue sometida a un examen médico que detectó su infección por VIH, pero no hay constancia de que recibiese los resultados de los análisis. Cuando fue derivada al CIE de Madrid el historial médico no llegó al nuevo centro.

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DESCOORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

Para el Ministerio de Presidencia, la descoordinación de ambas instituciones influyó en la deficiente atención médica recibida por Martine en el CIE. «Si bien no puede afirmarse que esa circunstancia hubiera evitado el deceso, sí habría puesto sobre aviso a los médicos del CIE de la grave enfermedad que padecía y habría facilitado sin duda una mejor atención a la paciente», sostiene el documento.

En junio de 2019, el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid absolvió al único acusado juzgado por la muerte de Samba Martine, pero reconoció que los fallos detectados en la atención ofrecida por otros sanitarios del centro hoy prófugos de la justicia y las «deficiencias burocráticas» ligadas a su internamiento tuvieron «un peso importante» en su fallecimiento.

SIN ATENCIÓN MÉDICA NI TRADUCTORES PARA SAMBA MARTINE

La resolución administrativa también reconoce que «de haberse realizado un simple análisis, se hubiera sabido que era portadora de VIH y se le hubiera puesto el tratamiento adecuado«.

El Ministerio de Presidencia también recalca la importancia de la falta de intérprete durante las consultas médicas a las que acudió Martine: «Era desconocedora del idioma español y, durante su estancia en el CIE, solo estuvo asistida por intérprete en una sola ocasión de las diez veces que demandó la asistencia médica».

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9 AÑOS DESPUÉS LOS ERRORES AÚN NO SE HAN CORREGIDO

“La resolución supone una reparación moral y económica para la familia, el reconocimiento de Samba como víctima. Llegar a este resultado ha sido largo y complicado, ha sido fruto del esfuerzo sostenido y colaboración de entidades de la sociedad civil durante nueve años”, destacó la abogada Cristina Manzanedo, quien pidió que “sirva para garantizar la coordinación entre los servicios médicos de los CETI y los CIE, así como la salud de las personas privadas de libertad en los CIE. No es comprensible que 9 años después, los errores reconocidos por la Administración aún no se hayan corregido”.

“La muerte de Samba no fue un trágico accidente, sino consecuencia de una política migratoria que excluye, expulsa y convierte las fronteras en cementerios; de una política que deshumaniza a las personas migrantes y refugiadas y las priva de libertad en centros de internamiento. Seguiremos luchando contra esta política migratoria y por el cierre de los CIE”, aseguran en un comunicado desde las entidades sociales que han acompañado los procesos judiciales en torno a la causa.

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