“El Gobierno sabe en qué condiciones trabajamos, los empresarios saben que no cumplen la ley, la gente sabe cómo vivimos”. Esta es la frase que, con distintas palabras, repiten la decena de trabajadores de origen migrante entrevistados en Lleida.
Saben que ya sabemos que es habitual que los empresarios no siempre cumplan con el convenio del campo, que estipula que el pago sea de 6,20 euros la hora, pero que a veces son 5,80, otras 5,40, otras 5… Saben que sabemos que trabajar a destajo, bajo temperaturas que rozan o superan los 40 grados, durante 10, 11 o más horas, es inhumano. Saben que sabemos que el negocio de la agroindustria en este país se sustenta en la precarización, cuando no en la explotación de sus trabajadores; que, como subrayan, no todos los empresarios son explotadores, «que muchos de ellos son también trabajadores», y que el nudo de la cuestión está en las grandes cadenas de distribución, que se llevan el grueso de los ingresos de una industria multimillonaria.
Lo que no creen que sepamos, y de ahí que sea en lo que ponen más ahínco, es que lo más duro no es ninguna de esta sucesión de abusos, sino el racismo cotidiano, omnipresente, estructural, que se estrella contra sus cuerpos por el hecho de ser negros.
“La esclavitud se ha abolido en el papel, pero las mentes siguen estando controladas por el racismo”, sentencia el gambiano Johnny, de 39 años, obrero del campo y de la construcción. Frente a lo que ocurría hace diez o quince años, ahora las respuestas no versan tanto sobre la explotación laboral sino sobre el racismo estructural.
Es lógico. Muchas de estas personas llevan residiendo diez, quince o veinte años en España, una parte significativa tiene documentación y, pese a ello, en lugar de sentirse parte de nuestra sociedad y atisbar un horizonte de mejora, cada vez se encuentran con más precariedad y hostilidad.